La normativa comunitaria que entró en vigor el pasado 1 de julio y que obliga a que todas las capturas transbordadas en un país no comunitario tengan que ser avaladas por un control y certificado sanitario del país de partida supone un sobrecoste de 3 millones de euros al año para los armadores de Vigo. Es por este motivo que el sector extractivo de la ciudad olívica ha hecho un llamamiento a las administraciones para intentar revertir la medida en base a una posible exención ya contemplada por Bruselas. "La medida merma la competitividad de la flota gallega; nuestra lucha pasa por pedir el apoyo necesario para explicar a la DG Sante [Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria] la situación", explica el gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), José Antonio Suárez-Llanos.
La flota arrastrera y palangrera congeladora viguesa faena casi por todo el globo y utiliza diferentes puertos para descargar y, posteriormente, fletar sus capturas en dirección a puertos europeos, con Vigo como destino principal aunque también a otros como Leixões, en Portugal. Tal y como recogió en diciembre del año pasado el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), ahora países como Namibia, Cabo Verde, Perú o Uruguay tienen que emitir un certificado sanitario propio antes de enviar los contenedores con el pescado, lo que supone que en lugar de tratarse de un producto comunitario pasa a ser una importación. Esto provoca que a su llegada pase por la correspondiente investigación en el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF).
En su momento FARO publicó que los armadores temían un empeoramiento del colapso en el PIF por la obligación de analizar unas 100.000 toneladas de pescado a mayores al año. Sin embargo, esta situación no llegó a producirse ante la importante mejora en la agilidad del despacho desde que la anterior ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, dejó aprobados los cambios reclamados por el grupo de trabajo para el PIF de Vigo.
Sin embargo, sí que se están produciendo retrasos y también un sobrecoste para las armadoras por ese doble análisis de la carga. El equipo directivo de ARVI ha ido recolectando las facturas de sus asociados durante estos casi seis meses que lleva en vigor la norma para realizar un calculo estimativo de lo que supone el reglamento 625/2017 de la Comisión Europea. Según explica Suárez-Llanos, el conjunto de armadores de la cooperativa que recurren a los transbordos desde terceros países incurre en unos sobrecostes de 3 millones de euros al año.
Cambio para 2019
Desde ARVI se están esforzando en que 2019 sea clave para desencallar esta situación. "El año que viene se elabora un acto delegado en el que caben exenciones para esta normativa. Una de las que ya están contempladas es que si el país tercero da su ok al producto enviado, éste ya no debería pasar por otro control en el puerto europeo", indica Suárez-Llanos.
La idea que tienen en ARVI es conseguir el apoyo necesario por parte de las administraciones para explicar la situación y sus consecuencias en primera persona a la DG Sante. "España debería presionar para solucionar esto", sentencia el gerente de la cooperativa viguesa.
