En octubre de 2017 el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (Ices) recomendó el establecimiento de una veda total en la pesquería de sardina en aguas ibéricas por la precaria situación de los stocks. Los Gobiernos de España y Portugal sortearon la amenaza con un plan de gestión agresivo que logró a la postre la bendición de Bruselas. Sobre el papel, 4.491 toneladas de sardina, de las que solo el 2,57% se concedieron al xeito. Y, más aún, el acuerdo estableció que solo los buques que hubiesen faenado este recurso en los tres ejercicios anteriores (2015, 2016 y 2017) tendrían derecho a volver a hacerlo este año. Fue una decisión "arbitraria" para el xeito, que llevó la resolución a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. El alto tribunal acaba de admitirla a trámite.

A día de hoy la flota del xeito está conformada por 417 embarcaciones, que ya en 2015 encaró una amenaza de prohibición -aludiendo a una supuesta agresividad de las redes- por parte de Bruselas. Con este plan de gestión del Ejecutivo central solo pudieron trabajar en verano menos de la mitad de los buques. "Tan solo podrán dirigir su actividad de pesca dirigida a la sardina los buques que hubieran faenado y declarado sardina ibérica en los tres años anteriores a la publicación de la presente orden", reza la decisión ministerial. "Es una estrategia pesquera muy mala que sienta un precedente terrorífico", condena el abogado de las cofradías demandantes (Cambados, A Illa, A Pobra y Rianxo), Alberto Muñoz.

En primer lugar, porque las cofradías aseguran desconocer por qué el Gobierno fijó ese tope de tres años. "Podían ser seis meses o dos años. Imagine que ahora hacen lo mismo con la centolla", añade. "Han excluido del reparto a la gente que no agotó el recurso y se dedicó a otras artes durante esos tres años. Los han premiado así". La Audiencia Nacional ha dado nueve días de plazo al Ministerio de Pesca para personarse como parte demandada, y un plazo "improrrogable" de otros veinte para aportar todo el expediente administrativo. Porque, en segundo lugar, la flota del xeito asegura asimismo ignorar "cómo llegaron al 2,57% de cuota" de sardina. En ese expediente deberá figurar, a priori, toda la documentación que llevó al departamento que dirige ahora Luis Planas a tomar esta decisión.

El acuerdo al que llegaron España y Portugal para la recuperación de la especie recoge que España se lleva el 33,5% de un tope de 14.600 toneladas: 4.891. De ellas el cerco del Cantábrico Noroeste, formado por cerca de 250 buques, se hizo con 2.860 toneladas, mientras el resto fue adjudicado para el Golfo de Cádiz. A lo largo del presente año las lonjas gallegas subastaron 2.481 toneladas de sardina a un precio medio de 1,94 euros el kilo. La escasez propició un incremento de los precios -en 2017 se pagaron de media 1,73 euros por kilo en primera venta-, aunque las descargas retrocedieron cerca de un 30%.