El próximo 1 de enero entrará en vigor la obligación de desembarque, la normativa comunitaria que prohibirá, grosso modo, el descarte pesquero (devolver capturas al mar). Pese a que la norma contempla que se puedan aplicar ciertas excepciones, estas son mínimas frente a las exigencias que se le viene encima a la flota. A falta de conocer cómo puede afectar esto en términos económicos y operacionales a flota en aguas de Gran Sol, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha llevado a cabo un análisis sobre sus efectos en el caladero Cantábrico Noroeste. Encargado por la Xunta, el informe señala que el arrastre de litoral perderá 50 euros de pesca comercializable por cada euro de descarte, una situación que provocará pérdidas de al menos 15 millones de euros al conjunto de la flota que faena en estas aguas.
El estudio de la Consellería do Mar al que ha tenido acceso FARO se centró en la actividad de los 64 arrastreros de litoral que hay en la comunidad gallega durante los años 2014, 2015 y 2016. Desarrollado por el grupo de Economía Aplicada, en sus páginas se identifican las tres principales áreas en las que impactará esta normativa que se presenta como la mayor revolución en el sector desde la llegada de las cuotas pesqueras.
En primer lugar sitúan los "impactos a bordo", en el que los expertos destacan un claro aumento de la carga de trabajo de los marineros al requerir la clasificación, almacenado, registro y transmisión de las cantidades adicionales de pescado. En definitiva, un "proceso de escaso valor" que supone horas de trabajo añadidas o restadas a otra actividad del buque.
El tener esta nueva cantidad de pescado supondrá también una "reducción de la capacidad de la bodega", lo que hará más difícil "trabajar en los espacios limitados", lo que llevará a que se tengan que realizar inversiones para adaptarlos. Además, que se llene antes también provocará que aumenten los viajes a tierra, lo que supondrá un mayor gasto en combustible. Junto a ello, también incrementarán los costes por el uso de hielo (no muy significativo en este caso) y de las cajas de plástico, recordando que "en muchos caso el contenedor es más valioso que el contenido" y con los descartes la pérdida será mayor.
Por otro lado, los "impactos en tierra" se centran en que también aumentará la carga de trabajo en las descargas (más tiempo) y los costes logísticos, tanto en transporte como en almacenaje o manejo.
El último apartado es el reservado para el "impacto en la cuota", para lo que se centraron en el arrastre y las especies merluza, gallo, rape, bacaladilla, jurel y caballa, sujetas a cupos. Así, valoran el escenario que podría darse en base a cuatro escenarios: uno sin descartes, otro con descartes y sin exenciones, otro con una exención de minimis (permite descartar un pequeño porcentaje de las capturas en aquellas pesquerías en las que incrementar la selectividad es muy complejo o muy caro) del 5% y otra con una reducción del 50% en los descartes.
En el primer caso la situación sería estable, pero en el segundo cada buque perdería una media de 161.500 euros, con una reducción agregada de 15 millones al renunciar a un promedio de 50,13 euros de pesca comercializable por cada euro de descarte pesquero que tienen que llevar a puerto. En el tercer escenario "las perdidas se mitigarían" pero "seguirían siendo relevantes", ya que cada barco tendría una reducción de 131.700 euros, que en su conjunto ascendería a 12,2 millones. Por último, la cuarta situación provocaría una pérdida de 58.840 euros y 5,4 millones entre los 64 barcos.
Mitigación
Del mismo modo, desde la USC apuestan por "tres vías por las que el impacto en la cuota podría ser mitigado". Así, señalan que se podría explotar el intercambio de cupos entre especies y renunciar a aquellas con un menor precio unitario. Junto a ello apuestan por "subir el precio del pescado" y también "reducir los costes operativos, logísticos y laborales" que lleva aparejada un descenso en los días de pesca.
