La Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu) ha solicitado a Bruselas que negocie con Santo Tomé y Príncipe la ampliación de las licencias disponibles en aguas del país del golfo de Guinea. La intención es disponer al menos de diez oportunidades de pesca, una medida que llega de la mano del abandono del cercano caladero de Liberia por falta de seguridad tras el abordaje del Cedes la semana pasada. El buque era el único que estaba en estos momentos disfrutando del acuerdo pesquero firmado por la Unión Europea y Monrovia y, sin embargo, ya ha salido de aguas. No quieren arriesgarse. "El poco uso que se da a ese acuerdo es por la falta de seguridad", reconoce Juana Parada, gerente de la organización, que urge a conocer pronto la posibilidad de esa ampliación de licencias, ya que el pacto actual con Santo Tomé finaliza el mes que viene.
El abordaje a punta de pistola de Guardacostas liberianos y la organización conservacionista Sea Shepherd el pasado 2 de abril provocó la salida del Cedes del caladero. "Paso justo en el primer lance. Lo recogimos y nos fuimos; no nos fiamos de lo que pueda pasar", explica Diego Rodríguez, patrón del palangrero. Estuvieron retenidos durante cinco horas por supuesta pesca ilegal que finalmente quedó en nada. Era el segundo año que el barco pescaba en Liberia y tienen claro que no regresarán.
Las reticencias a acudir al caladero ya se plantearon desde el momento en que se firmó el acuerdo. Las cinco licencias ofertadas a mediados de 2015 chocaban con el arresto de otro palangrero, el Eros, en 2012, motivo por el que se consideraba un país de "alto riesgo". Pese a que Parada explica que "Liberia lamentó la actuación de Sea Shepherd" y que no quieren "entorpecer la actividad" de los pesqueros, la flota no tiene interés en regresar.
Por otro lado, las garantías que aseguró el Gobierno de Santo Tomé tras unos incidentes similares en el pasado (el arresto del Alemar Primero en 2016 o el abordaje al Baz en 2017) ha provocado que el acuerdo pesquero se convierta en una prioridad para los palangreros de Orpagu. El actual acuerdo expira el 25 de mayo y para esa fecha el sector espera poder disponer de diez licencias para su flota. Esto supondría cinco más respecto a las que tiene España, a lo que hay que sumar la que cedió Portugal a la flota gallega. "Santo Tomé es un caladero que conviene, con seguridad jurídica", comenta Juana Parada, que añade que los problemas del pasado se solucionaron y que "es un caso de éxito" entre los protocolos firmados por la UE.
En la actualidad el palangre tiene que pagar licencias de 2.310 euros por barco para 33 toneladas de pescado, a lo que suman un canon por tonelada descargada, que en el último año asciende a 70 euros.
