14 de marzo de 2018
14.03.2018

Registran una veintena de depuradoras en Galicia en busca de almeja lusa ilegal

El país vecino trata de erradicar el furtivismo controlando a los receptores del producto -La policía ha requisado documentos emitidos desde 2016

14.03.2018 | 01:58

Las autoridades policiales y judiciales de Portugal, con apoyo de las españolas -en total medio centenar de efectivos-, desplegaron ayer en las rías de Arousa y Pontevedra, así como en Santander, una operación contra el contrabando de almeja. Esto llevó al registro de una veintena de industrias depuradoras de moluscos e incluso de una empresa de artes gráficas, procediéndose a la inmovilización de al menos 1.400 kilos de japónica en Campelo (Poio) y al decomiso de otros 200 kilos en A Illa, en este caso junto a 1.100 kilos más de berberecho, de talla antireglamentaria.

Buscaban todo tipo de documentación relacionada con el envío de almeja japónica desde el país vecino. Por un lado tratan de determinar si se comercializa en Portugal producto sin control sanitario, y por tanto con posible toxicidad. Pero sobre todo siguen la pista a una trama organizada que mediante la falsificación de documentos públicos se encargaría de manipular las guías de transporte empleadas para despachar sus bivalvos. Básicamente se trata de determinar si los portugueses cometen delito en la comercialización, de ahí que se registraran empresas receptoras en Galicia y Cantabria para examinar y cotejar documentos en busca de albaranes o guías falsos.

Los registros solicitados por un juez portugués fueron respaldados por los juzgados de primera instancia de Cambados y Pontevedra. Con esas órdenes en la mano la Policía Marítima de Portugal y la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, desplazada desde Madrid,pudieron registrar depuradoras en Campelo (Poio), A Illa, O Grove, Cambados y localidades cántabras como Raos. Abanderados por los responsables judiciales implicados en esta operación, que se prolongó durante todo el día, los agentes recibieron el apoyo de la Policía Autonómica y Gardacostas de Galicia.

"Los agentes portugueses nos explicaron que tienen estimado que más del 90% de la gente que vende los bivalvos son furtivos, y no les coinciden las cifras relativas a lo que se produce y mandan desde Portugal con los datos que hay declarados en España en cuanto a compra de producto portugués, por lo que intentan reducir al máximo el furtivismo en su país", explicó uno de los empresarios afectados por los registros. Para determinar qué sucede y buscar culpables "están yendo depuradora por depuradora para pedir documentos y dar con quiénes nos envían la mercancía", explica otro de los empresarios arousanos.

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