Las organizaciones del sector pesquero y ONG que componen el Consejo Consultivo de Pesca de Larga Distancia (LDAC) acordaron, en un dictamen, solicitar a los negociadores de la Comisión Europea una mayor seguridad jurídica en la actividad de los agentes pesqueros de los países de la costa africana. El organismo critica que, en ocasiones, no es posible comprobar la legitimidad de estos agentes, así como comprobar cuál es el baremo de fijación de tarifas, lo que puede dar rienda suelta a malas prácticas.

El organismo pide a los negociadores europeos que incluyan estos puntos en sus negociaciones con terceros países para acabar con una problemática "de especial preocupación" para las flotas móviles que se dirigen a la captura de especies transzonales y migratorias, como es el caso del atún, por ejemplo.