La española es, con diferencia, la flota pesquera de mayor dimensión de Europa. Pero el criterio de reparto -de 1986, que no se ha modificado-, las políticas garantistas y la mala salud de algunas pesquerías amenazan con acelerar un proceso de pérdida de capacidad que arrancó hace ya más de treinta años. Ahora la asignación de cuotas en aguas comunitarias para el año que viene amenaza de nuevo con golpear al segmento más desfavorecido: el de los buques de litoral. Si prosperan los planes propuestos por la Comisión Europea, dirigida en el ámbito pesquero por Karmenu Vella, esta flota habrá perdido la mitad de derechos para merluza y gallo que los que tenía cuando abandonó el cargo la denostada María Damanaki. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ya alertó ayer que la rigidez la Comisión pone en riesgo la situación de las flotas artesanales y aseguró que decisiones tomadas de "manera precipitada" pueden conducir a la desaparición de segmentos de gran impacto social en las zonas costeras.
Para el caso de la merluza que se faena en las costas españolas (en el Cantábrico y en el litoral gallego), por ejemplo, los buques disponían en 2014 de 10.409 toneladas; con la propuesta de Vella pasarían a 4.700. Y lo mismo sucede con el gallo, que habrá perdido un 38% de posibilidades de pesca de salir adelante los máximos de la Comisión. Quintana aseguró que lo que más le preocupa es la rigidez del comisario Vella, que quiere llegar al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS, nivel óptimo de capturas que se puede hacer de una población durante un año sin perjudicar a la especie) el próximo año a pesar de que se fijó 2020 como límite para alcanzarlo. La responsable de Mar, indicó que tanto la ministra de Pesca, Isabel García Tejerina, como sus homólogos europeos reconocen el esfuerzo del sector y que la mayor parte de las especies explotadas en estos momentos tienen "buena salud" biológica. "Las Administraciones entendemos que debemos mantener la flexibilidad que nos permita acreditar que somos capaces de mantener las posibilidades de pesca y permitir la viabilidad económica del sector", insistió Quintana.
Los criterios
Tejerina incidió en que trabaja en la preservación de los recursos pero también en la mejora de la renta y el nivel de vida de los pescadores. "La ministra hizo referencia esta mañana [por ayer] a mantener los principios que defendimos en la reforma de la Política Pesquera Común [PPC]. Los biológicos pero también los criterios sociales y económicos que pueden llevar al traste a una importante flota pesquera", explicó Quintana.
"De manera general, España siempre defiende los objetivos medioambientales, pero solamente serían factibles si los hacemos compatibles con los objetivos socioeconómicos", aclaró Tejerina, que destacó que la propuesta de la CE "dista un poco" de las prioridades españolas. A la delegación española le preocupan las disminuciones planteadas para la merluza norte, del 19%, el rape de caladeros del norte (-12%) y el gallo capturado en el Golfo de Vizcaya y el Gran Sol (-10%), además del recorte del 24% planteado para el jurel en aguas ibéricas.
