La Comisión Europea paga cada año por licencias para que barcos comunitarios puedan faenar en terceros países como Cabo Verde, Marruecos, Mauritania, Senegal o Costa de Marfil. Este desembolso se complementa con la aportación de las armadoras, que también pueden acceder a aguas territoriales con acuerdos privados o sociedades mixtas. Una vez firmado el protocolo Bruselas obliga a aprovechar al completo las posibilidades de pesca pactadas con cada país; si un Estado no lo hace tendrá la obligación de cederlas a quien sí las vaya a utilizar. Es una política proactiva que no ejecuta en Europa, donde cada año quedan sin faenar decenas de miles de toneladas de pescado mientras, denuncia el sector, la flota se ve forzada a ir a desguace o a exiliarse a otros puertos. Solo en la última década, como publicó FARO, el de Vigo perdió 17 pesqueros por este motivo.
"En caso de que se compruebe que las posibilidades de pesca no se aprovechan plenamente, la Comisión informará a los Estados miembros interesados al respecto y les pedirá que confirmen que no van a utilizar dichas posibilidades de pesca", reza el reglamento 1006/2008 del Consejo Europeo. Para la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) esta directiva evidencia que Bruselas sí "tiene un criterio de aprovechamiento de este tipo de licencias para evitar la subutilización de las mismas". Pero no para Europa. Solo para cuatro especies (rape, cigala, merluza y solla), el año pasado quedaron sin faenar 84.000 toneladas en aguas europeas, asignadas a cinco Estados miembro (Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia y Alemania) y que habrían alcanzado un valor comercial de 300 millones de euros. No obstante, frente a esta situación, el comisario Karmenu Vella ha asegurado, como también anticipó este periódico, que "[la ley] no contempla que la Comisión pueda decidir sobre la redistribución temporal de cuotas no utilizadas".
"¿No se contradice la Comisión al no seguir el mismo criterio con las cuotas subutilizadas en aguas de la UE? ¿Tiene dos varas de medir distintas según los intereses?", se lamentan en la Cooperativa.El caso es que el reglamento sobre los cupos que no se aprovechan en aguas de terceros países es extenso y de obligado cumplimiento. "La transmisión de las solicitudes con arreglo al presente artículo -continúa la norma, en vigor desde 2008- no afectará en modo alguno al reparto de las posibilidades de pesca". De hecho los armadores gallegos reclaman lo mismo para aguas comunitarias: un alquiler temporal que no afecte al reparto de las posibilidades de pesca, blindado por el criterio de estabilidad relativa desde 1986. El secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, admitió a este periódico que el Gobierno cambiará la ley para permitir el alquiler de cuotas con otros Estados miembro, pero no tendrá un respaldo proactivo desde Bruselas.
