El Gobierno del Reino Unido está dividido por el futuro de la pesca en sus aguas tras el Brexit. Los líderes de las distintas carteras tienen opiniones encontradas sobre qué proponer a la Unión Europea durante las negociaciones que tendrán lugar hasta 2019. Una situación que ejemplificaron la semana pasada el Canciller de Hacienda, Philip Hammond, y el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove. El primero apuesta por compartir las aguas del país con la UE para aprovecharlo durante los intercambios comerciales, mientras que el segundo valora permitir el acceso a sus caladeros a algunas flota extranjeras pero bajo sus condiciones y control.
Gove, rival de la primera ministra Theresa May en su momento y uno de los más firmes defensores de la salida de Reino Unido de la UE, se enfrentó a Hammond, canciller -título que en el país lleva el encargado de los asuntos económicos y financieros- considerado de la facción blanda, al chocar los planteamientos de ambos sobre la pesca. Pese a que los armadores vigueses reclaman omitir "los cantos de sirena" que llegan desde las islas, la visible fractura en el Gobierno británico solo crea más dudas entre la flota de Gran Sol y Malvinas. "La incertidumbre es aún peor que conocer un inminente mal acuerdo, ya que nos impide prepararnos", señala Iván López, responsable de la patronal pesquera española (Cepesca) sobre el Brexit.
Según recogió The Times, Hammond proclamó que la mejor opción para el país sería la de compartir sus aguas territoriales con la UE para utilizarlo como baza para otras negociaciones. La postura negaría a la industria pesquera británica las reformas prometidas antes de la votación del Brexit y se opone frontalmente con las aspiraciones de Gove, el responsable pesquero, que en un principio anunció que la flota extranjera no entraría en sus caladeros pero que a principios de este mes reconoció que aspiran a repartir sus propias cuotas de pesca al mejor postor, algo que incendió a los medios y al sector de su país.
La industria gallega cree que la propuesta de Hammond se basa en utilizar la pesca "como parte del pago de salida de la UE", es decir, poner un precio al acceso de los pesqueros comunitarios a aguas británicas y deducirlo así del pago. Mientras, desde Cepesca opinan que la mejor situación "sería seguir como hasta ahora" y englobar en el acurdo tanto el acceso a las aguas como la parte comercial para los productos. Según Iván López "cualquier volantazo a la situación actual supondrá un fuerte impacto que requerirá de varios años de ajuste", para lo que urge "agilidad" a la Comisión Europea para "adaptar en tiempo real la política pesquera de la UE27 para amortiguar el impacto y mantener la viabilidad" de la Política Pesquera Común (PPC).
Bélgica
Por otro lado, tras la reunión de Gove con los pescadores daneses (y otros sectores) y la intención de la canciller alemana Angela Merkel de "presionar" por unas "condiciones justas" para sus pescadores, ahora es el turno de Bélgica. Según recoge el medio Express, la industria pesquera del país organizada en torno a Rederscentrale tiene clara sus propuestas. "Tenemos unas exigencias claras para mantener ese acceso, mantener las cuotas y posibilidades de pesca como están ahora y vincular esto con el comercio que tenemos de productos pesqueros en lo que se a convertir un Reino Unido independiente", afirma Emiel Brouckaert, responsable de la organización.
