Tres empresas radicadas en la comarca de Vigo (una en Chapela y dos en la ciudad) y otras tres situadas en Ribeira fueron sancionadas con 2,45 millones de euros por parte del Ministerio de Pesca a raíz de la operación Sparrow 2 contra la pesca ilegal. Junto a ellas, la Administración multa con 2,88 millones a seis personas, encargadas de estas firmas supuestamente propietarias de dos buques que se dedicaban a la pesca furtiva en aguas del océano Antártico: el Viking y el Seabull 22, ambos ya fuera de servicio.

El Ministerio llegó a esta resolución tras las inspecciones llevadas a cabo los días 28, 29 y 30 de julio de 2015 en las sedes de varias empresas. En las mismas "se obtuvo abundante documentación" que destapó el entramado empresarial presuntamente dirigido a ocultar a las autoridades la propiedad y gestión de los dos barcos. En concreto se trata de las firmas Capensis Trade, World Ocean Fishing y Global Sea Trading en el caso de Vigo y de Insuabela, Baymarten Inversions y Lastiff en el de Ribeira.

Algunas de las firmas estaban relacionadas entre sí e incluso entre los directivos propietarios de los barcos a lo largo de la historia (ya que tuvieron diferentes empresas, nombres y banderas) existió conexión con Vidal Armadores, el grupo también de Ribeira que ya recibió una sanción por valor de 17,8 millones de euros por parte del Ministerio, dirigido a nueve empresas y siete personas relacionadas con su entramado societario.

Dos piratas "conocidos"

Tanto el Viking como el Seabull 22 fueron sorprendidos pescando en aguas reguladas por la Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (Ccamlr) pescando una especie de gran valor comercial: la merluza negra o austromerluza.

En el caso del Viking, se trata de un barco de 70 metros de eslora que tiene el honor de ser el primer buque para el que se emitió una "notificación Púrpura" de la Interpol a petición de las autoridades noruegas, en 2013. Más tarde, en marzo de 2015, fue detenido por Malasia y tras pagar una multa de 71.500 dólares fue liberado. Sin embargo, Indonesia no fue tan laxa un año después y puso fin a sus actividades furtivas arrestándolo y haciéndolo saltar por los aires con explosivos.

Mientras, el Seabull 22 fue desguazado en Cabo Verde y la última vez que fue visto fue en 2015, cuando la organización ecologista Sea Shepherd lo localizó en estado ruinoso en Mindelo, ciudad del país.

Sanciones

Además de las seis empresas multadas, otras seis personas físicas vinculadas a éstas fueron sancionadas como responsables de mantener relaciones de diversa naturaleza con estos buques, prohibidas tanto por la normativa nacional como por la comunitaria y la internacional. A los 5.270.002 euros se unen 60.000 más por obstrucción a la justicia y destrucción de documentos a otra persona y sanciones de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras que van entre los 5 y los 14 años, y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas que van entre los 5 y los 12 años.

La resolución "pone de manifiesto, una vez más, la firme voluntad de España de luchar contra la pesca ilegal, mediante el control de los buques de bandera española, sus aguas, sus puertos y las importaciones de productos de la pesca procedentes de terceros países", indica el Ministerio.