El Parlamento Europeo (PE) ha respaldado la prohibición de faenar a profundidades superiores a 800 metros que fue aprobado en los trílogos (entre PE, Consejo y Comisión Europea) a principios de verano. La decisión, muy criticada por parte del sector pesquero ante la falta de evidencia científica, será aplicada a aguas europeas y contempla la congelación de la huella de arrastre (pescar donde se ha pescado hasta ahora) y otra serie de medidas adicionales.

La Eurocámara, el Consejo de la UE (donde están representados todos los socios comunitarios) y la CE llegaron a un acuerdo político sobre esta cuestión a finales de junio. A falta de la aprobación definitiva por parte de los Estados miembro, las nuevas reglas enmiendan la legislación anterior y adecua la normativa con los objetivos de sostenibilidad de la Política Pesquera Común (PPC) a través de una serie de medidas.

Entre ellas se encuentra restringir el área del Atlántico Nororiental a la zona donde se pescó entre los años 2009 y 2011 para aquellos barcos que realicen la pesca de especies de aguas profundas, es decir, los que representan más del 8% del total en al menos una de sus salidas cada año. A esto se suman reglas específicas sobre ecosistemas marinos vulnerables (EMV) en profundidades de más de 400 metros. Las embarcaciones tendrán que interrumpir su actividad caso de rebasar las cantidades permitidas de especies indicadoras EMV por captura, y sólo podrán retomarla tras desplazarse al menos a cinco millas náuticas del lugar clasificado como EMV.

Además se designarán puertos para llevar a cabo las descargas y un 20% de los buques que hacen esta pesca dirigida en aguas de la Comisión de Pesca del Atlántico Nororiental (NEAFC, por sus siglas en inglés) llevarán observadores a bordo con el objetivo de garantizar la transparencia a la hora de facilitar información sobre la localización de los ecosistemas vulnerables, mientras que Bruselas se encargará de evaluar estos datos todos los años y adaptar el área afectada por la prohibición.

El sector, sobre todo el vigués, criticó abiertamente esta decisión al considerar que carece de toda evidencia científica y que se trata de una "decisión política" por las presiones de algunas ONG. Así lo explicó, por ejemplo, Iván López, miembro del consejo de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) y miembro de la patronal pesquera Cepesca, a través de una entrevista a FARO.