Las firmas gallegas que operan en el sur de Argentina se han sumado a una campaña de todo el sector pesquero de la Patagonia que busca dejar sin efecto el reciente decreto del Gobierno de retirar los incentivos fiscales a la exportación que utilizan estas empresas, que de alguna manera compensan su lejanía de los principales puertos del país y sus peores condiciones. La campaña comenzó con un comunicado en los principales periódicos nacionales argentinos, en el que el sector deja claro que el decreto es "totalmente perjudicial para todas las empresas pesqueras que tienen sus operaciones en la Patagonia Argentina".

La Administración de Mauricio Macri decidió poner fin a los conocidos "reembolsos" e igualar de esta forma las subvenciones a toda la industria pesquera del país, ya sea del norte o del sur, a través de un reparto por igual de hasta 60 millones de dólares (unos 56,2 millones de euros al cambio actual) en 2017. Con esta medida, las pesqueras viguesas que operan desde el sur del país no podrán contar con este incentivo y estarán en igualdad de condiciones pese a exportar desde puertos más alejados como mínimo, a 1.300 kilómetros de la provincia de Buenos Aires y con unas infraestructuras más precarias que los vecinos del norte, como ya alertó FARO.

La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de Argentina, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras y las empresas independientes patagónicas (es decir, el 100% del sector pesquero que opera en la zona), esgrimen que esta situación "no sólo acarreará serios problemas económicos a las empresas pesqueras que exportan históricamente sus productos a través de los puertos de la Patagonia", sino que generará "grandes inconvenientes a la actividad diaria de dichos puertos, dado que las empresas se verán en la disyuntiva de derivar sus operaciones a otros puertos del país donde los costes son considerablemente menores a los de los puertos de la Patagonia Argentina".

Los firmantes valoran la defensa de la industria y del trabajo realizado públicamente por el gobernador de la provincia de Chubut como así también la labor hecha por los restantes gobernadores y autoridades de las provincias patagónicas; y, dejan en claro además que la decisión inconsulta tomada desde la capital del país, generará desinversión en todas las provincias patagónicas".

Los conocidos como reembolsos, ya extintos, fueron derogados en 1995 hasta que Cristina Fernández Kirchner los activó antes de su salida de la Casa Rosada a finales del año pasado. Contemplaban un reintegro de entre el 8% y el 13% de las exportaciones, lo que compensaba esa lejanía y peores condiciones de las firmas que operan desde el sur. Las principales compañías que antes se beneficiaban y que ahora se verán afectadas por esta decisión son las filiales de Pescanova (Argenova), Grupo Profand (Pesquera Deseado) y Vieirasa (Vieira Argentina). Por otro lado, también resultan perjudicadas Iberconsa, Fandicosta (con Pesquera Cruz del Sur), Altamare (ex de Pereira y ahora de Shanghai Kaichuang, dueña de Albo) y Estrella Patagónica (socios de Pescapuerta).

El decreto que recoge la nueva medida estima que existió una "elevada desproporción entre los montos abonados en concepto de derecho de exportación y los que corresponden a lo percibido por aplicación del reembolso". Esto, insiste el Gobierno, produce un "desmesurado sacrificio fiscal de las cuentas públicas, por lo que se torna ineludible la eliminación del beneficio en cuestión".

El argumento principal para acabar con los reembolsos esgrimido por el Gobierno de Macri es eludir los choques con los compromisos asumidos por Argentina en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organización que insta a los países a eliminar subvenciones a la exportación. Así, y según recogen medios argentinos, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, informó que la nueva medida "amplía los reintegros a las exportaciones", lo que implicará una devolución de esos 60 millones de dólares en 2017 (fueron 20 millones este año) para toda la industria por igual.

Las empresas patagónicas, en cambio, insisten en que los reembolsos son "absolutamente compatibles con las obligaciones que nuestro país tiene como miembro integrante de la OMC, ya que el régimen, en sí mismo, está encuadrado en el marco normativo de la OMC, en el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias".