La Comisión del Pesca del Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer la propuesta de reglamento del Ejecutivo comunitario que pretende regular las actividades de la flota comunitaria que faena fuera de aguas europeas. Los europarlamentarios que integran esta comisión comparten la convicción de Bruselas de que es necesario adoptar medidas en favor de una mayor transparencia y sostenibilidad de la pesca. Entre las actuaciones que implica la normativa está la creación del primer registro público sobre las actividades de la flota en terceros países, aguas internacionales y Organizaciones Regionales de Pesca (ORP).

Tras conocerse el resultado, distintas entidades ecologistas felicitaron a la Comisión de Pesca por su apoyo a la creación de la primera base de datos pública de autorizaciones de pesca (con números IMO de los buques, propietarios y capturas potenciales), por cuanto entienden que la Eurocámara dio un paso crucial para dotar de normas pioneras su actividad fuera de aguas europeas, que aporta el 28% de las capturas totales de la UE. La directora de campañas de Oceana en Europa, María José Comax, indicó que el resultado de la votación es "un gran avance para que la flota europea se consolide como modelo internacional de transparencia, responsabilidad y sostenibilidad".

Los europarlamentarios decidieron también aumentar los estándares de todos los acuerdos individuales firmados entre empresas de la UE y terceros países, que hasta ahora se desarrollaban sin control comunitario y sin tener que cumplir sus normas. La comisión también aprobó acabar con el "reabanderamiento abusivo", consistente en que de forma rápida y repetida un buque de la UE abandone pabellón europeo para adoptar la bandera de un país extracomunitario y luego retomar el registro de flota europeo.

Por contra, rechazó aspectos como que solo se den licencias de pesca a buques europeos con un historial limpio, de modo que se permitirá el acceso a aguas de terceros países a barcos que hayan cometido infracciones graves. Esto es lo que los armadores españoles pedían porque vetar la entrada, argumentan, una vez pagada la correspondiente multa, supondría "doble sanción". Oceana confía en que la Eurocámara reconsidere esta condición cuando el pleno del PE vote el reglamento a comienzos de 2017.