En sesotho, una de las once lenguas oficiales de Sudáfrica, Phakisa significa algo así como "¡Apura!" o "date prisa". Y Phakisa es, también, el nombre con el que el Gobierno de este país ha bautizado un programa de estímulo económico que tiene al océano y la "economía azul" como motores de crecimiento. Sus sostenes son pesca extractiva, la acuicultura, el transporte y la protección del mar, y un quinto elemento que se descabalga teniendo en cuenta este supuesto interés medioambiental: la minería marina de fosfato. El Ejecutivo de Jacob Zuma ha autorizado ya tres proyectos que abarcan casi 155.500 kilómetros cuadrados de superficie al sur y oeste de Ciudad del Cabo (Capetown o Capetón, en la jerga marinera gallega). Al menos una docena de barcos de capital gallego trabajan en la zona y Sudáfrica es, tras Namibia y con casi 4.000 toneladas al año, el segundo país proveedor de merluza para la industria de transformación pesquera gallega. Ambos países son, a día de hoy, los únicos que han aprobado minas para remover y dragar el lecho marino para extraer la fosforita.

Aunque las licencias fueron concedidas entre 2012 y 2014 las concesiones no han calado entre la opinión pública hasta ahora por dos motivos: la agria polémica que ha levantado esta minería en Namibia y la comparecencia el mes pasado de Zuma en el Consejo Nacional de Provincias (un equivalente al Senado en España), donde elevó hasta los 1.130 millones de euros las inversiones derivadas de la Operación Phakisa en la economía del país. Pero no gracias a la minería de fosfato, ya que las empresas promotoras han dejado sus planes en cuarentena por los bajos precios del fosfato debido a la caída de la demanda mundial. En este caso, al contrario que en Namibia, tanto Green Flash Trading como Diamond Fields International sí cuentan con informes de impacto ambiental.

Organizaciones medioambientales y pesqueras reclaman ya al Gobierno que fije una moratoria para prohibir esta actividad. Los más de 150.000 kilómetros autorizados para la explotación de minería marina de fosfato equivalen al 10% del caladero. El temor radica en la recuperación de los precios de la fosforita, de unos 115 dólares la tonelada, lejos de los 430 que llegó a alcanzar en 2013 cuando la economía china no había gripado. "Desde un principio hemos creído que es muy destructiva, es preciso que haya mucha más información sobre el posible impacto en la pesca incluso antes de permitir las prospecciones", expone el secretario de la asociación que agrupa a las empresas de arrastre en el país, Said Johann Augustyn, al Pulitzer Center.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Galicia importa anualmente entre 12 y 13.000 toneladas de productos pesqueros de Sudáfrica, sobre todo merluza, rape y rosada, por un valor de cerca de 40 millones de euros al año. Pescanova, Iberconsa y Mascato son las principales compañías de capital gallego que operan desde Cape Town. El sector genera el 2% de la riqueza de Sudáfrica y unos 130.000 empleos directos e indirectos, y la pesquería de merluza cuenta con la certificación MSC de pesca sostenible. Pero, según la prensa local, el proyecto de "economía azul" de Zuma naufraga al pretender que coexista la pesca extractiva con la minería de diamantes, petróleo, gas y fosfato. En tierra firme Sudáfrica, uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, alberga multitud de empresas de carbón, oro, cromo o platino.