Los registros que funcionarios del Ministerio de Hacienda realizaron anteayer en las lonjas de Vigo, A Coruña y Ribeira se enmarcan dentro de la operación Piélago, que afectó a 21 centros de venta de toda España, según informó ayer la Agencia Tributaria. El objetivo de los inspectores es investigar la supuesta comercialización de pescado en negro en el sector mayorista, como avanzó ayer este diario. Según fuentes de la investigación, no se destacata que se lleven a cabo más actuaciones en caso de encontrar evidencias en la abundante documentación incautada.

Hacienda sospecha -fruto de anteriores actuaciones como la operación White en Barcelona el año pasado- de diversas irregularidades que reducen las bases imponibles declaradas y los ingresos tributarios de estas entidades, además de la existencia de un "canal paralelo de actividad económica en B" que va desde el armador hasta el minorista de pescado. La investigación implica, por ello, actuaciones inspectoras tanto sobre las propias entidades gestoras de las lonjas como sobre armadores -si bien no tiene que ver con la pesca extractiva en sí- y mayoristas, de forma que el dispositivo desplegado por la Agencia Tributaria afecta a un total de 37 lonjas, empresas y asociaciones: 14 en Galicia, 3 en Canarias, 12 en Cataluña, 2 en Murcia y seis en la Comunidad Valenciana. De forma adicional, las haciendas forales de Guipúzcoa y Vizcaya coordinaron sus actuaciones con la Agencia Tributaria y realizaron comprobaciones en cinco lonjas de Euskadi.

La operación Piélago contó con la participación de 131 funcionarios de Inspección, Unidades de Auditoría Informática y Vigilancia Aduanera que tenían el objetivo de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar "real", incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información. "Al tratarse de actuaciones de carácter administrativo, se encuadran en las competencias inspectoras y no implican detenciones", informó el Ministerio.

Hacienda explicó que las actuaciones de esta semana buscan "asegurar la trazabilidad fiscal" de las operaciones económicas en el sector mayorista. Para ello, los inspectores cuentan con los "kilos reales" descargados por los buques y también el "precio real" de remate de las subastas. "El objeto de todo ello es aflorar una presumible actividad parcialmente sumergida que ya quedó patente en actuaciones inspectoras anteriores", concreta la Agencia Tributaria.

El sector, al que las inspecciones del jueves cogieron por sorpresa, se mostraba ayer tranquilo. el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, manifestó ayer su apoyo a las inspecciones y controles en toda la cadena de comercialización para que se cumplan las normas y evitar la ilegalidad.

Por otro lado, la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP) indicó a Efe que hay "tranquilidad absoluta", especialmente en las lonjas que gestionan los pósitos que integran la organización. "La Asociación de Lonjas de Contratación de Pescado [creada por la FNCP] ya organizó unas jornadas cuando la Administración cambió la normativa sobre primera venta, incluyendo sistemas de compra que podían dar lugar a problemas", indicaron fuentes de la federación.