La Fiscalía General del Estado ha destapado un entramado que se dedicaba a la venta y uso del gas R-22 en barcos pesqueros de altura y gran altura, un producto que la Unión Europea tiene totalmente prohibido desde el 1 de enero de este año y que se usa en los sistemas de refrigeración. Los investigadores, que explicaron que hay cinco buques implicados y también una veintena de firmas nacionales y extranjeras, decomisaron unos 37.000 kilogramos de este material que se distribuía ilegalmente a empresas y buques españoles y de la UE. El sector, que ayer por la mañana desconocía esta situación, aseguró que si los barcos congeladores estuvieran en la provincia no son "serios" que "burlan las inspecciones" de Capitanía Marítima.
Según indicó la Fiscalía ayer, la llamada operación Xiada se inició en septiembre de 2014 y en ella descubrieron que todo parte de una firma española que "habría estado comerciando ilegalmente con gas R-22, utilizando distintas argucias técnicas para camuflar la realidad de su actividad empresarial".
En colaboración con expertos de la Guardia Civil -del Seprona, que solo prestó apoyo de una forma secundaria, según informaron fuentes del cuerpo a este periódico- y la Fiscalía de Medio Ambiente en Pontevedra, la investigación descubrió que la empresa "camuflaba cantidades, destinos reales y objeto de la actividad, vendiendo el gas a empresas comunitarias solicitando licencias de exportación a la Comisión Europea para justificar el gas vendido en los informes anuales que debe emitir la empresa". Sin embargo, la Fiscalía apuntó que algunas de las exportaciones "se desviaban ilegalmente a empresas y buques españoles y de la Unión Europea".
De igual forma el gas R-22 también "se exportaba sin informar a la Aduana de la realidad de la materia y evitando de esa forma que pudiera ser controlada". Así, la red habría logrado unos beneficios ilícitos que sobrepasan el millón de euros, según la Fiscalía.
Vetado desde el 1 de enero
El R-22 (o monoclorodifluorometano) es un gas incoloro cuya prohibición se incluyó en el llamado Protocolo de Montreal, creado para proteger la capa de ozono de las sustancias que lo dañan. En la Unión Europea su fabricación, distribución y uso fue paulatinamente erradicado, con el 1 de enero de este año como fecha límite.
Antes de ese día, todos los barcos cuyo sistema incluía el uso de este gas tuvieron que adaptarse para los nuevos productos. El coste de una instalación de máxima calidad podría ascender hasta los 50.000 euros, según las fuentes consultadas.
En los buques nuevos, por otra parte, se están empleando tecnologías más desarrolladas como las que incluyen el CO2 o el amoníaco, así como otros gases que no son dañinos para la capa de ozono.
La investigación apunta que el gas ilícito era vendido a un precio inferior a 10 euros, frente a los sustitutos "legales" que "tienen un precio medio que ronda los 30 euros".
El sector
Los armadores consultados, tanto de Marín como de Vigo, comentaron que "es muy difícil conseguir este gas en la UE" y apuntan a la existencia de stocks de este material que quedaran sin gastar o a la procedencia de países africanos donde todavía se utiliza.
Por otro lado, apuntan que los buques todos los años pasan una inspección de Capitanía en la que se controla la instalación de refrigeración. "Puede pasar que algún barco no hiciera el cambio y burlara las inspecciones", apuntaron.
De igual forma, explicaron que creen que pueden ser "barcos muy viejos" y que tiene haber "un mercado paralelo" pero que se trata de "situaciones fuera de la ley".
