El buque vigués Adexe Primero vuelve a estar acosado por la burocracia pesquera española y europea. Desde el 1 de marzo el barco ha tenido que permanecer amarrado debido a que la Secretaría General de Pesca ha suspendido su permiso temporal de pesca (PTP), que emplea desde 2013 en aguas de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (Neafc, por sus siglas en inglés). El motivo que alega el Gobierno es una recomendación comunitaria que aconsejaba a los Estados miembro a retirar del mar de Barents a su flota para no interferir con la disputa sobre la plataforma continental entre Rusia y Noruega. El sector, sin embargo, cree que se trata de una exagerada interpretación "por una simple recomendación" de carácter político y no vinculante, por lo que el armador se plantea la opción de reclamar ahora los 1,35 millones de euros que calcula de lucro cesante.
El barco, que pertenece a la firma Mariscos Polar y que permanece amarrado en el muelle de Klaipeda (Lituania), fue un pionero en la Unión Europea al ser el primero que se dedicó a la pesca de cangrejo real en el mar de Barents dentro de aguas de Neafc. Aquello fue en 2013 y, tras dos campañas con unos resultados muy buenos, flota de otros países siguieron su ejemplo para sumarse a la pesquería. Sin embargo, la reclamación territorial realizada por Rusia y Noruega ante la ONU para ampliar su control sobre la plataforma continental -como publicó este periódico en agosto del año pasado- comenzó a perjudicar la situación de la flota en la zona.
La UE, por aquel entonces, recomendó a los barcos que salieran de esas aguas para no interferir con las relaciones entre los países implicados. Sin embargo, tan solo España se tomó al pie de la letra la recomendación y retiró el PTP al Adexe Primero.
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Entonces, pese a que el barco había sido detenido días antes por Rusia por supuesta pesca ilegal -al entender que entraron en sus aguas-, España dio marcha atrás más tarde y les permitió seguir con su actividad. En esta ocasión es diferente. Desde el 1 de marzo no pueden pescar y no les han dado ningún motivo legal, pese a que lo han reclamado por activa y por pasiva a Pesca por escrito.
Así lo explica Rubén Bello, armador de este buque integrado en la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), que asegura que reclamó el Gobierno que indicara "sobre qué artículo de la ley se soporta la decisión y qué medidas ha tomado la UE contra los otros barcos de la pesquería".
Buques en la zona
Y es que tan solo España llevó a cabo esta medida tras esta nueva recomendación de la UE, mientras que los otros Estados miembro (como Lituania o Letonia) han dejado faenar a sus buques -casi una decena en total- sin ponerles trabas de ningún tipo. Por este motivo, el armador está barajando cambiar de bandera para otro país que los defienda y asegura que si la situación no se revierte procederá a reclamar el lucro cesante de su actividad, que cifra en unos 1,35 millones de euros, y también daños y perjuicios por los gastos estructurales que sigue sufriendo el buque, amarrado en Lituania. "Si fuera una flota española de 10 barcos seguro que no les retiraba el permiso, pero al ser uno solo... Sin embargo, eso no es un argumento y seguiremos reclamando", explica Bello.
