Los seis detenidos el pasado lunes en los registros llevados a cabo en las empresas del clan Vidal Armadores fueron ayer enviados a prisión bajo fianza de 100.000 euros cada uno tras declarar en la Audiencia Nacional. La juez Carmen Lamela los acusa de delitos contra el medio ambiente, integración en organización criminal, blanqueo y falsedad documental derivados de la pesca ilegal de merluza negra (Dissosstichus eleginoides) en el océano Antártico.
Las cinco inspecciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y la Interpol en el marco de la operación Yuyu -pronunciación de las siglas en inglés para pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, IUU- finalizaron con la detención del fundador del grupo, Antonio Vidal Suárez -Tucho el Coyo-, sus hijos Belén, Ángel y Manuel Antonio Vidal Pego, su yerno Joaquín Manuel Pérez Mariño y Francisco Rama Gago. Los seis fueron trasladados el martes a Madrid para la declaración y a última hora de ayer estaban a la espera de poder depositar la fianza impuesta. La madre, Manuela Pego, no compareció pese a estar también imputada por los mismos hechos. Se relaciona con la trama a un tercer empleado, Ramón Vicente Serafín.
La juez justificó su resolución en base al riesgo de fuga, la "alta" probabilidad de reiteración delictiva y la necesidad de evitar las "trabas e intervenciones" que puedan hacer en su patrimonio ilícito. Lamela les impone otras medidas cautelares, como la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte, la presentación quincenal en el juzgado más cercano a sus domicilios y la obligación de fijar la localización de sus viviendas.
La juez señala en el auto que este "grupo organizado", a través de "un entramado de empresas nacionales e internacionales", llevan pescando de forma ilícita merluza negra desde al menos 2006 y para ello usaban varios buques registrados a nombre de empresas en terceros países "con banderas de conveniencia y constantes cambios de nombre".
Según pudo conocer este periódico, la familia está "sorprendida" por este proceso cuando están pendientes de la resolución de las operación Sparrow iniciada por el Ministerio de Agricultura hace un año y que prevé sanciones de hasta casi 18 millones de euros Entienden que se busca hacer una actuación "ejemplarizante" con su caso.
Lamela investiga también si derivaron para la compra de un pesquero parte de la compensación que obtuvieron de una aseguradora tras el hundimiento de uno de sus buques, el Reefer Louyang (podría tratarse también del Tiantai), "por la carga ilícita que portaba" y que consistía, según el auto, de pescado capturado en la Antártida por el Kunlun, Yongding y Songhua. Según la juez, una empresa domiciliada en Belice, Millenium Trading Invest, cobró la indemnización de 6,3 millones. De ellos 5,1 fueron por compensación a la pérdida de la carga, "aún siendo ésta de origen ilícito". De ese dinero, que pasó por otras dos empresas de la red, se usaron 2,3 millones para adquirir el pesquero Txori Urdin. Al final, Vidal Armadores logró "blanquear parte de la indemnización recibida, convirtiéndola en el pago de un buque lícito".
Vidal Suárez decidía
El fundador del grupo, según la jueza, decidía "los lugares de pesca, fechas de las campañas, artes que se utilizan" y lo hacía de acuerdo con sus hijos, que ocupan diversos cargos en las diferentes empresas y son accionistas de las mismas. El auto cita que para sus actividades tenían un entramado empresarial con compañías nacionales y otras ubicadas en países como Belice, Suiza o Panamá.
Rama Gago es el único detenido que no es miembro de la familia, sino que formaba parte de un "círculo cercano a los dirigentes" con funciones, en este caso, de "organizar y dirigir el entramado empresarial y financiero".
Había un "último escalón" de la organización que lo formaban personas que ocupaban cargos de responsabilidad en los buques (capitanes, patrones, responsables de máquinas) y eran de nacionalidad española.
