Fue hace un año cuando la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio de Agricultura registraron la sede de Vidal Armadores. Durante aquella operación Sparrow recabaron más de 3.000 documentos y el Gobierno vinculó cuatro barcos que faenan de forma ilegal en el océano Antártico pescando merluza negra a las empresas investigadas. Con cada marea los armadores se hacían con unos 5 millones de euros por buque.

El primero, el Kunlun, cayó tan solo unos días después, apresado en Tailandia, y por aquel entonces la organización ecologista que persigue a estos buques, Sea Shepherd, decía a FARO que este sería el desencadenante para conocer quién estaba detrás de estas operaciones de pesca ilegal.

Y así fue. Desde aquel momento comenzó un año negro para los piratas del Antártico, con la caída de cinco buques más, el último a finales del mes pasado en Indonesia (el Viking) e incluyendo el hundimiento del Thunder en Santo Tomé, que finalizó con marineros gallegos rescatados.

Las dos operaciones Sparrow (la segunda tuvo lugar en firmas de Vigo y Redondela) finalizaron con una resolución sancionadora de 48 infracciones administrativas a operadores españoles, 44 de ellas de carácter muy grave, por un valor de 17,84 millones de euros. Habrá que ver ahora en qué acaba la operación Yuyu.