La ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina, propuso ayer en el Consejo de Ministros de la UE que las cuotas pesqueras -tanto comunitarias como provenientes de acuerdos con terceros países- no utilizadas sean redistribuidas entre las flotas de los países miembros. Se trata de una vieja demanda del sector, que advierte de que el principio de estabilidad relativa que rige la Política Pesquera Común (PPC) provoca pérdidas millonarias a los armadores al establecer unos porcentajes de cupos fijos desde la implantación del sistema y limitar las transferencias de cuota entre los países.

Tejerina explicó durante su intervención que España es partidaria de "redistribuir" las posibilidades de captura no utilizadas que ofrecen a los barcos comunitarios los acuerdos que mantiene la Unión Europea (UE) con terceros países. "Esa medida se podría extender a las cuotas asignadas a los estados miembros en aguas comunitarias año tras año y que tampoco usan", añadió la ministra.

El principio de estabilidad relativa fue instaurado por Bruselas en 1983 y comenzó a regir la pesca española en 1986, cuando España entró en la UE. Según este sistema, a cada país le corresponde un porcentaje de cuota de cada especie que no varía independientemente de las necesidades de cada país. Este reparto establece unas posibilidades de pesca que, en algunos casos, no cubren la capacidad de las flotas a las que fueron asignadas, por lo que se creó un mecanismo de intercambio entre estados miembros -cada país cede cuota sobrante o que considera prescindible- para equilibrar los desajustes. Pero el sector denuncia que esos intercambios no son suficientes y provocan que un gran volumen de cuotas se quede "en los despachos" todos los años, como explica el gerente de la Cooperativa de Armadores de Pesca de Vigo (ARVI), Antonio Suárez-Llanos.

ARVI calcula que los países comunitarios dejaron más de un millón de toneladas sin pescar durante los últimos siete años, "y eso que solo disponemos del 50% de la información", asegura Suárez-Llanos. Unas cuotas que, según ARVI, ocasionaron pérdidas de casi 2.000 millones de euros al sector. "No se puede dejar que quede cuota sin pescar cuando llevamos 30 años desguazando barcos y perdiendo puestos de trabajo", asevera Suárez-Llanos, que censura que un sistema que no varió "en 30 años" no sirve para un sector que cambia "constantemente".

El gerente de ARVI califica la última revisión de la PPC, en 2012, de "oportunidad perdida" para comenzar a redistribuir las cuotas sobrantes, sobre todo debido a la reciente prohibición de descartes pesqueros, "que juega en contra de las cuotas ya que todo desembarque en puerto se descuenta del total".