España es el país más activo de la Unión Europea (UE) en los controles, investigaciones y otras medidas contra la pesca pirata y las importaciones ilegales de pescado en el mercado comunitario, según un informe publicado ayer por cuatro ONG. El estudio resalta que en la UE se aplican de forma desigual las normas contra la pesca ilegal y sitúa a España a la cabeza, en acciones como inspecciones portuarias o en reclamaciones de verificación de capturas terceros países.
Además, pone a España como ejemplo de "cómo el sistema puede funcionar de forma eficiente", por endurecer su legislación y por la Operación Sparrow, que ha supuesto la investigación y el anuncio de sanciones a empresas y buques implicados en actividades ilícitas. El informe ha sido difundido por las ONG Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts (PEW) y WWF.
Analiza la regulación de la UE aprobada en 2010 contra la pesca ilegal que, según las ONG, "ha propiciado un cambio positivo" incluso en los países de origen de las importaciones que llegan a las fronteras comunitarias.
Sin embargo, las ONG han subrayado que algunos países tienen que hacer más para impedir que los operadores ilegales accedan al mercado comunitario; la UE importa el 60 % del pescado que consume.
La directora de pesca de Oceana, María José Cornax, ha manifestado que el estudio muestra que "países como España" trabajan para sancionar a los involucrados en pesca ilegal en cualquier caladero, un enfoque que "debe ser adoptado de modo uniforme" por todos los Estados miembros de la UE.
En el caso de España, primera potencia pesquera comunitaria, entre 2010 y 2013 hubo 1.788 solicitudes a terceros países para verificar la documentación de las capturas; 1.219 inspecciones en puerto y 200.480 certificados recibidos.
El reglamento de la UE contra la pesca ilegal tuvo entre sus novedades un régimen de certificación del pescado desde su captura hasta su comercialización.
También incluyó la imposición de "tarjetas rojas, amarillas o verdes" a países terceros para exigirles mejoras contra los buques ilegales y una legislación con sanciones duras para infracciones graves.
Según las ONG todos los países deberían imponer multas severas a los ciudadanos que participen en el comercio de productos pesqueros ilegales, así como legislar para que los buques comunitarios que faenan en aguas extracomunitarias operen "dentro de la legalidad".
