Joaquín Rubido, presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), encargada de canalizar la oposición de cofradías y bateeiros ante la Lei de Acuicultura, se mostró ayer cauto, y en absoluto satisfecho, pues considera que el presidente de la Xunta "sigue defendiendo que la ley es buena y el diálogo que dice buscar es para hacerlo ver así, pero nuestra posición no es esa, sino que defendemos la retirada del anteproyecto, y solo después será el momento de abrir el diálogo con los sectores productivos para empezar desde cero".

Lo que quiere decir es que "estructuralmente esta ley no es reformable, ya que su eje vertebrador son los criterios por los que se otorgan las concesiones, los cuales son estrictamente económicos y técnicos". Esto significa que "no propicia la igualdad con los sectores productivos tradicionales, sino todo lo contrario".

Entienden en la PDRA que el anuncio realizado por el presidente "es un movimiento para intentar calmar los ánimos, aparcando la ley y prometiendo diálogo para demostrar que es buena, pero insisto en que eso no es lo que demandamos".

Por su parte, el abogado Alberto Muñoz, representante de diferentes cofradías de pescadores y uno de los portavoces del movimiento creado en Galicia para rechazar la ley acuícola opina que lo explicado por Feijóo "es claramente insuficiente, y estamos rotundamente disconformes porque no cabe otra cosa que la retirada total del texto".

Este alto en el camino es, a su juicio, "una medida que no se puede tomar porque lo que se busca es la retirada del anteproyecto; eso es lo que quiere la sociedad gallega, tanto el sector como los ayuntamientos".