Las tripulaciones de los barcos españoles con bandera francesa que están siendo forzados a cotizar en el país galo pese a que la ley europea respalda su actual situación -cotizan en España al residir aquí y percibir sus salarios de una empresa española- tienen otro problema. Y es que el sector denuncia que estos marineros necesitan también de un seguro privado para poder recibir atención médica ya que de otra forma no podrían ser atendidos. Así lo denuncian algunos de los armadores de los 53 buques implicados (18 de ellos de Vigo y Marín) en esta lucha que parece no tener fin a día 15 de enero, fecha límite para que estos marineros pasasen a cotizar en el sistema francés que fue impuesta desde la ciudad de Bayonne, como adelantó FARO en diciembre.
La obligatoriedad de pasar del Instituto Social de la Marina (ISM) al equivalente del país vecino, el Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM), sigue pesando sobre los 500 tripulantes que trabajan en estos barcos. Pese a que los armadores esperaban que este mes se reactivasen los diálogos entre ambos países y que esta misma semana tuviese lugar un encuentro, fuentes del sector informan que hasta febrero no habrá una reunión entre Francia y España para tratar este tema. Y mientras, el inspector del ENIM de Bayonne del cual surgió toda esta polémica sigue manteniendo la fecha límite que finaliza hoy.
Ahora, los buques se enfrentan a la posibilidad de que aquellos que no han regularizado la situación de sus tripulaciones no puedan salir a faenar, con la grave pérdida económica que eso supone. A ello hay que sumarle las posibles sanciones que, según el propio inspector de Bayonne, oscilan entre 45.000 euros de multa y tres años de prisión. Cantidades inasumibles teniendo en cuenta que actúan bajo el amparo de la ley europea, en concreto por el artículo 11.4 del Reglamento comunitario 883/2004.
Contradicciones
Son precisamente estas contradicciones entre el inspector de la ciudad francesa que entiende que estos tripulantes trabajan de forma irregular en el país vecino y los directores del ENIM, que aceptan tratar el problema con España lo que desconcierta al sector. Los armadores están "desesperados" y no saben que hacer una vez llegada la fecha límite.
Ante esta situación, que ya fue denunciada el mes pasado ante la Unión Europea por la portavoz del BNG en la capital comunitaria, Ana Miranda, algunos armadores ya optaron por pasar a sus tripulaciones al ENIM. Además, los nuevos marineros gallegos que se incorporaron a estos barcos ya lo hicieron cotizando en el sistema de Francia.
Por estos motivos desde el sector se entiende que las gestiones llevadas a cabo por la Administración española han sido mínimas y que no han surtido ningún tipo de efecto. A esto hay que sumar que cualquier tipo de solución que se de al conflicto llegará tarde debido a que la fecha límite ya se habrá excedido.
