Pósitos y agrupaciones de toda España piden el cese de la directiva de la federación nacional

Venus Nux y quienes la apoyan dicen haberse enterado a través de la prensa de la multa impuesta por la Secretaría de Ordenación Pesquera "por un supuesto fraude en las subvenciones concedidas a esta entidad para cursos de formación" y consideran que estas ayudas "forman parte del erario público" por lo que, consecuentemente, todos los ciudadanos están afectados por estas conductas supuestamente irregulares, especialmente "los pertenecientes al sector pesquero de bajura", tal y como recoge la carta enviada a la Secretaría General de Pesca para exigir la renuncia de la directiva de la federación.

Al margen de esta sanción de la que la federación culpa a la empresa que imparte los cursos -Salvacon-, Venus Nux (que dice contar con el apoyo de agrupaciones y cofradías de Galicia, Asturias, Andalucía, Levante y Cataluña) censura la actuación de la directiva nacional en cuestiones que "están afectando directamente al sector pesquero", auspiciadas por los que en teoría "deberían defenderlo contra viento y marea". "No es de recibo", advierten, que el sector a nivel nacional no haya sido informado "ni puntual ni adecuadamente de los problemas legales", e incluso de posibles "ilícitos penales", en los que podrían estar implicados los miembros de la junta directiva de la organización.

Venus Nux y quienes la apoyan aseguran que algunos miembros de la comisión permanente solicitaron a la Federación la convocatoria urgente de una reunión en la que se explique al sector qué es lo que está ocurriendo, sin que esta convocatoria se haya producido. Los directivos justificaron su negativa a que no disponen de medios económicos para asumir los costes de ese encuentro.

Los críticos lamentan además la inhibición de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores en el conflicto y la protesta que protagonizan desde hace casi tres meses los socios de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), a los que "supuestamente también representan, pero queda bien acreditado que no defienden". Precisamente por eso critican además que los presidentes de las federaciones provinciales de A Coruña, Lugo y Pontevedra y el presidente de la organización gallega defiendan la continuidad de la de ámbito nacional, y se preguntan si defienden de este modo "sus sillones, sus privilegios, sus dietas, sus gastos de representación, sus suculentos sueldos", dado que de ser así, resultaría "lamentable".

Continuidad del presidente

La sanción recientemente impuesta por el Ministerio se une además, en opinión de este sector crítico, a que el actual presidente nacional, Genaro Amigo, debería haber abandonado su cargo al dejar de ser patrón mayor de la cofradía de pescadores de Malpica como resultado de las elecciones celebradas hace año y medio, tal y como establecen los estatutos de la organización. Este reglamento señala que una de las causas para perder la condición de presidente de la federación son las "sobrevenidas", lo que según los representantes díscolos del sector son, entre otras, no ser patrón mayor, haber incurrido en un supuesto fraude en subvenciones para cursos de formación y la sanción de la federación -que de forma anómala preside, señalan- por el propio Gobierno.

Por todo esto, pósitos y Venus Nux reclaman que se exija la dimisión de todos los miembros de la junta directiva de la federación nacional, incluido el secretario general "por su acreditada falta de responsabilidad en el cargo" y que el actual presidente devuelva los sueldos y gastos de representación correspondientes al período entre el momento en el que dejó de ser patrón mayor de Malpica y la actualidad, así como los intereses legales devengados, "y que se depuren las responsabilidades civiles, administrativas, económicas y supuestas penales en las que podría haber incurrido, a las que debería responder con su propio patrimonio".

El conflicto en el seno del sector pesquero se produce como consecuencia de la escasa o nula atención prestada por las federaciones gallegas y la nacional a los conflictos que afectan a la pesca de bajura, especialmente los cerqueros y volanteros, y por no haber informado adecuadamente de los efectos que para dicho sector iba a tener la aceptación de la aplicación del reparto de cuotas de pesca de acuerdo con criterios históricos, que benefician a los pescadores vascos y cántabros y perjudican notablemente a los gallegos y asturianos.