La conselleira de Mar, Rosa Quintana, salió ayer en defensa de la futura Lei de Acuicultura en la reunión de la Comisión do Mexillón, en la que alegó que la nueva normativa solo busca "el desarrollo social y económico" de Galicia. Por ello, sostuvo que decir que su departamento quiere privatizar las rías gallegas "y dar las playas a los chinos" es para tomárselo como "una inocentada" por tratarse de algo "totalmente injusto y carente de fundamento".
Así lo transmitió a los dirigentes del sector bateeiro integrados en la Mesa do Mexillón, a quienes recordó que desde Mar "nunca les propusimos nada que los perjudicara". En cambio, aseguró, con la aprobación de la Lei de Pesca de Galicia "se pusieron a cero los contadores de las bateas" y se dieron "otros treinta años de respiro" al sector, garantizándole una actividad que en caso contrario "caducaría en 2010".
La conselleira también se pronunció sobre los parques de cultivo de Carril. "Pudieron haber salido a concurso, pero lejos de eso quisimos resolver la situación a más de mil familias que tradicionalmente explotaban esos parques, dándoles un título con el que seguir explotándolos", afirmó.
Por ello, Quintana pidió tranquilidad al sector mejillonero: "Quieren que se reserven los polígonos de mejillón únicamente para esta especie y quizás están más preocupados por el desarrollo de la ley que por la ley en sí misma", al tiempo que se comprometió a analizar "los puntos que les preocupan y poner por escrito que se va a hacer sin perjudicar a su sector". Respecto a las privatizaciones que denuncian los mejilloneros como consecuencia de la nueva ley, la titular de Mar argumentó que todas las bateas son de familias o empresas y, por tanto, ya son privadas, así como los parques de cultivo de Carril, "que igualmente tienen sus titulares".
La conselleira añadió que la Lei de Acuicultura da continuidad a una política iniciada desde su llegada en 2009: "Nos propusimos mejorar la calidad de las aguas de producción y empezamos a desarrollar proyectos de saneamiento de las rías para aumentar la riqueza de los municipios costeros". Es, defiende, lo que persigue la nueva ley.
