La operación Sparrow, desarrollada por el Ministerio de Agricultura en Ribeira, Boiro y A Coruña contra una red de pesca ilegal, se saldó con una propuesta de resolución sancionadora que prevé un total de 48 infracciones administrativas a operadores españoles, 44 de ellas de carácter muy grave. Las sanciones ascienden a un total de 17,84 millones de euros. Los acusados tendrán un plazo de 22 días para presentar alegaciones.

Las actuaciones realizadas y la fase previa de investigación, con más de 3.000 documentos incautados, han puesto de manifiesto que el núcleo de ese entramado societario está constituido por varias personas físicas y jurídicas españolas. Algunas de ellas están presuntamente vinculadas a la empresa Vidal Armadores, con sede en Ribeira.