Los productores de cultivos marinos en Galicia miran con "incertidumbre" su futuro y es que el 20% de las piscifactorías gallegas está cerca de agotar la concesión que permite su actividad y alguna de ellas la tiene incluso caducada. De las 21 plantas que hay en la comunidad -situadas en terrenos de propiedad privada pero con una pequeña parte sobre dominio público marítimo terrestre-, cuatro solicitaron recientemente una prórroga extraordinaria para continuar con su actividad. Esta ampliación de los permisos está recogida en la Ley de Costas de 2013 y cifra en un máximo de 50 años el periodo de prolongación de las concesiones para este sector.
La normativa permite que los empresarios soliciten la prórroga antes de que la concesión termine -sin especificar un plazo determinado- por lo que la situación varía en función de cada planta de cultivo. "Había alguna a la que le quedaban solamente dos meses de vida pero otras la pidieron a dos años vista de la extinción del permiso", explicó el gerente de la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (Aroga), Fernando Otero, que afirmó que lo que más preocupa al sector no es cuándo se concederán estas prórrogas, sino por cuánto tiempo. "El Gobierno nos confirmó que nos las van a conceder pero nos falta saber el número de años. Lo lógico es que si has cumplido con todas las normas y has respetado el medio ambiente del entorno te las otorguen sin problemas", indicó.
La importancia de conocer por cuánto tiempo concederá el Ejecutivo la prórroga a cada una de estas plantas de cultivo radica, según el gerente de Aroga, en la repercusión que tendrá sobre el patrimonio de cada una. "En el caso de que algún empresario quisiese vender su planta, no recibiría la misma cantidad de dinero si le quedasen cinco años de actividad que diez", explicó, y añadió que estas cuatro piscifactorías gallegas generan actualmente alrededor de cien empleos.
Los productores gallegos critican la "desastrosa" gestión de las administraciones y afirman que la preocupación por la "excesiva burocracia" no solo afecta al propio sector, sino también a la Unión Europea.
