El Gobierno ha decidido aplazar cuatro meses, hasta el próximo 15 de enero, la obligación impuesta por Bruselas bajo amenaza de sanción de que que todos los productos pesqueros capturados y congelados por barcos españoles y que sin manipulación en el exterior llegan a España vía transbordo a mercantes cuenten con certificado sanitario de los países donde se produce el trasvase, lo que equivale a a equiparar tal mercancía a importaciones. El sector afectado espera y reclama que en ese plazo la administración española logre convencer a la Unión Europea y a su dirección general de Sanidad y Consumo -DG Sanco- de que es necesario realizar una actualización y revisión de una norma ahora "incumplible" para el sector ante la imposibilidad de lograr los mencionados certificados sanitarios en más de una veintena de países, lo que la flota ha constatado ya en alguno de los de mayor relevancia, como es Uruguay.

Esta exigencia de Bruselas se presenta como una severa amenaza para la actividad de la flota congeladora española. En concreto, la propia patronal pesquera estima que están afectados 244 buques congeladores o factoría que emplean a más de 4.700 tripulantes y generan unos 18.800 empleos indirectos, además de aportar unas 130.000 toneladas de pescado al año, que ahora se verían obligadas a pasar control en los Puntos de Inspección Frenteriza (PIF), mayoritariamente por el de Vigo, que podría verse abocado a colapsos en su actividad y, consecuentemente, a desvío y pérdida de mercancía.

La decisión de aplazar a enero la exigencia de certificado sanitario fue conocida tras la reunión mantenida hace unos días con responsables del Ministerio de Sanidad por parte de la flota afectada -representada por Cepesca y la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi)-, la patronal del congelado y la transformación Conxemar, la conservera Anfaco y la Autoridad Portuaria de Vigo. Aunque tal aplazamiento ha relajado un poco la presión que sentía el sector ante la inminencia de la aplicación de la norma el 15 de septiembre, como estaba previsto, la situación dista mucho aún del alivio. "Seguimos preocupados, porque no se ha zanjado esto todavía con una solución cumplible. Estaremos aliviados cuando se sepa que dan resultado las gestiones ante la DG Sanco de las autoridades españolas, que conocen que esas normas son incumplibles; en la UE tienen que tener flexibilidad para modificar el procedimiento", señaló José Antonio Suárez-Llanos, gerente adjunto de Arvi.

Tras tal reunión con la administración sanitaria española, se decidió también aplazar quince días, hasta el próximo 30 de junio, la obligación de la flota de comunicar a las autoridades españolas mediante preavisos las características y cantidad de mercancía transbordada antes de su llegada a España. Y ello, ante la dificultad burocrática que implica para el sector afectado el cumplimiento de esta orden, ya a partir del 15 de este mes de junio, como había establecido inicialmente el Ministerio de Sanidad. Ahora, el sector está pendiente de "una instrucción detallada" del modo de realizar tales preavisos.