La UE equipara los transbordos de pesca congelada en terceros países a importaciones

La nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, entre el amplio menú de prioridades y preocupaciones que le trasladó la patronal pesquera española Cepesca en su primer contacto, el pasado miércoles, escuchó también una que tiene en vilo desde hace unas semanas no solo a la flota española que opera en aguas internacionales y terceros países, sino también al sector transformador, frigorífico o comercializador de pescado, donde Vigo y Galicia ocupan lugar de liderazgo estatal y comunitario.

Según detalló a este diario el secretario general de Cepesca, Javier Garat, tras la reunión con la ministra, la preocupación del sector tiene su origen en una normativa de la DG Sanco (Dirección General de Sanidad y Consumo de la UE) por la que se equipara con importaciones de terceros países la pesca congelada que buques de pabellón comunitario -en su mayor parte españoles- transbordan en terceros países y sin manipulación a buques mercantes para que lleguen a la UE en contenedores. "Le hemos pedido a la ministra que nos ayude en esta cuestión", señaló Garat.

La equiparación de esta mercancía "que no se toca" en los puertos donde se trasvasa desde la bodega del pesquero al mercante, supone la exigencia por parte de Bruselas de un certificado sanitario por parte del tercer país donde se produce el cambio de barco.

Y es que el sector, que recuerda que esta mercancía, a su llegada a España "ya pasa todos los controles que exige la legislación sanitaria española y comunitaria", lleva ya con intensas gestiones y en una carrera contra reloj desde hace un mes, cuando un informe de la DG Sanco avisó de la aplicación a partir de septiembre de esta exigencia. La intención de los afectados es frenar o, al menos, demorar, la medida con la prisa de ser conscientes de la ralentización de la actividad administrativa en época estival.

Así, se realizan y "van por buen camino" gestiones ante las administraciones autonómica,central y comunitaria. La próxima semana incluso está programada una reunión del sector pesquero, transformador, conservero y frigorífico con los responsables de Sanidad españoles para abordar este asunto.

Y es que la dimensión y "las consecuencias socioeconómicas de esta medida pueden ser muy importantes", ya que comprometen las en torno 100.000 toneladas de pesca congelada que llegan cada año a España, procedentes de las capturas de pesqueros de bandera española -arrastreros, atuneros y palangreros de superficie, en su mayor parte gallegos- que faenan en terceros países y aguas internacionales y que abastecen tanto al mercado como a la industria procesadora y frigorífica.

El sector avisa de que el nuevo control documental sanitario que exige Bruselas en ocasiones no será posible ya que "muchos países no disponen ni de infraestructuras ni de personal para tales certificados y otros se pueden negar a hacerlos porque no se trata de mercancía capturada en sus aguas ni capturada por barcos de su bandera sino simplemente trasvasada de un barco a otro en sus puertos".