"Malos augurios". Con tal frase se resumía el sentir de los armadores ante las complicadas y larguísimas negociaciones que desde el pasado lunes y aún ayer al cierre de esta edición mantenían los ministros de Pesca de la Unión Europea para lograr un acuerdo sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que pueda ser aceptado por el Parlamento Europeo (PE) y por la propia Comisión Europea (CE)y su titular de Pesca, Maria Damanaki, decantados hacia sensibilidades más ecologistas. Y es para lograr un documento de acuerdo aceptable para PE y Comisión, los ministros del ramo -en representación de los gobiernos de los Veintisiete- tienen que revisar su propio acuerdo del pasado mes de febrero, que flexibilizaba medidas como la eliminación de los descartes -el pescado que se devuelve al mar- o los objetivos temporales para alcanzar el Renidimiento Máximo Sostenible (RMS), es decir, el límite pesquero que garantiza la pervivencia del recurso.

Y precisamente en la rebaja de aquellos acuerdos de febrero, ya "muy insuficientes" para la flota gallega y española, centra sus inquietudes la flota viguesa, la más numerosa en las pesquerías del Gran Sol, precisamente las más afectadas, junto con el litoral, por las limitaciones a los descartes y el RMS. La delegación española, que lidera el ministro Miguel Arias Cañete, también reconoció durante la reunión que el acuerdo se presenta "muy complicado". Las presiones españolas -es el país más "exigente" en la negociación, junto con Francia y Portugal- se centran en la exigencia de excepciones (regla de minimis) a la obligación que impondrá la reforma de descargar toda la captura en puerto al prohibir los descartes.En ese punto España pide poder descartar el 7% de los totales admisibles de capturas de especies sometidas a obligación de desembarco -sin que se haya confirmado oficialmente, la presidencia irlandesa que lidera las negociaciones habría planteado ya una rebaja de ese porcentaje hasta el 5% en busca de un acuerdo-, con un calendario transitorio, así como mantener un 10 % de flexibilidad entre especies. La razón es que, como sostiene el sector y recordó Cañete, "la flota española cuenta con escasa cuota de capturas" y es precisamente el actual sistema de cuotas "el que provoca los descartes, no la voluntad del sector".

"Está muy dífícil porque el Consejo de Ministros de Pesca tiene enfrente al Europarlamento y a la propia comisaria Damanaki, que ya sabemos que es más partidaria de defender a los peces que a las personas y no sabemos si España podrá aguantar la presión pero es que la flota española se juega el futuro", indicó ayer José Ramón Fuertes, director gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.

Fuertes, que asistía con pesimismo y mucha preocupación a las lejanas negociaciones de Bruselas, recordó que " no hay razones para el optimismo porque posiblemente lo que estén negociando los ministros sean rebajas para lo ya acordado en febrero y eso ya era muy insuficiente para garantizar el futuro de la flota española; y si aún se rebaja más, el futuro de la flota será complicado porque agotará sus cuotas en la primera mitad de año si está obligada a restar los descartes de las ya escasas cuotas que tiene para sus especies principales".

De fraguarse un acuerdo lesivo para los intereses españoles Fuertes ya indicó que "si la lucha pasa por ejercer el derecho a veto, España tendrá que hacerlo y el ministro contará con todo el respaldo del sector porque de lo contrario la flota española que faena en todos los caladeros quedará en paños menores".