Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) revisarán hoy sus líneas rojas sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que tratan de pactar desde hace meses con el Parlamento Europeo, en un intento por acercar posiciones en los asuntos más controvertidos y evitar el fracaso de las negociaciones. El Gobierno español está dispuesto a flexibilizar su posición para facilitar un acuerdo sobre la reforma de la PPC "siempre que sea aceptable" para los intereses de su flota, según declaró la pasada semana el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, tras su reunión con el presidente de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Gabriel Mato y con la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras.

Irlanda, que hasta junio ejerce la presidencia de turno de la UE y por tanto media estos contactos, apuesta por cerrar un acuerdo este mismo mes, porque teme que, de lo contrario, la reforma quede aparcada sine die. El cargado programa de trabajo que asumirá la próxima presidencia rotaría y las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en 2014 complicarían los avances en esta reforma, subrayan distintas fuentes europeas.

La cita de los ministros será "la más difícil en años" en cuanto a asuntos pesqueros se refiere, según un diplomático europeo, que explica que los expertos de los Estados miembros han intentado en los últimos días limar diferencias, pero han dejado "abiertos" para decisión política los asuntos más "sensibles".

La revisión de sus posiciones podría alargar la reunión durante la madrugada de mañana, ya que los países de la UE reclaman flexibilizar los ritmos y marcas en algunos de los objetivos para los que la Eurocámara se mantiene más exigente, como la aplicación del Rendimiento Máximo Sostenible en todas las pesquerías desde 2015. Los Veintisiete apuestan por esa fecha "cuando sea posible" y alargar el plazo límite hasta 2020 en el resto de casos.

También chocan las instituciones en los plazos que se barajan -aunque no en el objetivo final- de acabar con los descartes. El consenso existe en cuanto a que hay que poner fin a la práctica de arrojar al mar las capturas, ya muertas, que menos interesan a los pescadores por su escaso valor comercial o por las dificultades de conservación.

Sin embargo, los Estados miembros con mayores flotas, entre ellos España y Francia, han presionado para que el Consejo defienda que se permita una exención de entre el 5 y el 7% de descartes.

Los gobiernos buscan un acuerdo que logre el "apoyo sectorial", mientras que los eurodiputados se agarran a una propuesta "muy estricta", según fuentes diplomáticas que argumentan que los ministros tratan de "modular" la reforma para tener en cuenta factores socioeconómicos. "Sin el respaldo del sector a la reforma, el acuerdo será un fracaso total porque el resultado ni será querido ni será aplicable", advierten las mismas fuentes.

La agenda de los ministros prevé otras cuestiones pesqueras como el conflicto que enfrenta a la Unión Europea con Islandia y las islas Feroes a cuenta de las capturas de caballa. La UE considera "inaceptable" la cuota que estos dos países se han asignado de manera unilateral y alertan de que pone en peligro el futuro de este recurso, que también interesa a la flota comunitaria.