Los límites a las viviendas turísticas provoca un desplome de estos alojamientos en Vigo: casi medio millar menos en un año

El crecimiento turístico de Vigo y de muchos otros destinos en los últimos años no se puede explicar sin el papel que han jugado las viviendas particulares como una alternativa para alojar a cada vez más viajeros. Desde que empezaron a contabilizarse en 2017, estos han ido creciendo como la espuma, en una evolución al alza que parecía no tener freno. Así, hace justo un año, a 1 de septiembre, el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta tenía contabilizados en la ciudad de Vigo 2.426 inmuebles habilitados para un uso esporádico.

Sin embargo, esa proliferación alertó a las administraciones, especialmente a la local y a la estatal, pero también a las comunidades de vecinos, preocupados por el impacto que este tipo de viviendas tienen sobre los precios del alquiler tradicional al optar muchos propietarios por estancias de corta duración o la convivencia, al suponer que por una vivienda en un bloque residencial pasen centenares de personas cada año. Los vetos en muchos bloques residenciales se están viendo refrendados ya por varias resoluciones judiciales.

De esta forma, las distintas regulaciones y limitaciones demuestran, según las últimas cifras divulgadas por la Axencia de Turismo de Galicia, que en el intervalo temporal transcurrido desde septiembre del año pasado hay casi medio millar de pisos menos en el registro autonómico, un descenso superior al 18%. Esta disminución contrasta con lo sucedido en los años previos, cuando las subidas interanuales nunca llegaron a bajar del 25%, llegando a triplicarse en algún ejercicio. Vigo enfila el otoño con 1.974 pisos turísticos registrados, la cifra más baja desde 2024, y 9.368 camas, lejos de los 2.426 inmuebles y 11.241 camas de hace 12 meses.

Para entender la bajada, hay que acudir, por ejemplo, al papel que ha desempeñado, por un lado, el Concello vigués y, por otro, el del Ejecutivo central. El gobierno liderado por Abel Caballero ha afrontado este tema con dos herramientas. La primera ha sido el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), donde se recoge que las viviendas turísticas pasan a ser consideradas una actividad económica, con el consiguiente impacto que esto tiene para los propietarios a la hora de hacer frente al pago de tasas e impuestos, de cuantías mucho más elevadas.

Con el objetivo de desarrollar las directrices del PXOM, además, el gobierno local tramitó una ordenanza reguladora, estableciendo condiciones mucho más rigurosas para su implantación. Entre otras cuestiones, se impone que solo podrán autorizarse en edificios completos o en plantas bajas o altas con independencia funcional, es decir, con acceso independiente y sin viviendas residenciales en las plantas inmediatamente inferiores. Asimismo, todos aquellos inmuebles que han recibido alguna subvención pública para su rehabilitación tampoco podrán inscribirse. El Concello, además, se atribuye la potestad de declarar zonas o barrios saturados de este tipo de alojamientos.

En paralelo, en Moncloa decidieron también mover ficha y, desde mediados de 2025, todos aquellos propietarios de pisos turísticos estaban obligados a presentar una solicitud ante el Ministerio de Vivienda para obtener un código sin el cual pasarían a ser considerados ilegales y no contar con autorización para publicitarse en las principales plataformas (Booking, Airbnb...). La medida, eso sí, fue anulada el pasado mes de mayo por una sentencia del Tribunal Supremo, aunque no ha supuesto un freno a la evolución a la baja de los inmuebles vacacionales en Vigo, sino que la tendencia a la baja que empezó a vislumbrarse desde septiembre del año pasado se ha consolidado.

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