Deudas
Comunidades de propietarios de Vigo ya llevan a los morosos ante el juez
Vecinos aprueban mayoritariamente en junta entrar en un proceso judicial para recuperar la deuda
La última reclamación permitió cobrar 11,137 euros que debían dos locales comerciales

Un vecino de Vigo entra en el portal del edificio en el que reside. / Alba Villar
Dejar de pagar las cuotas comunitarias o las derramas no significa que la deuda desaparezca. Las comunidades de propietarios pueden reclamar judicialmente las cantidades pendientes de los vecinos morosos, una vía a la que recurren también administradores de fincas de Vigo cuando los impagos se prolongan y las reclamaciones por otras vías no dan resultado. Es decir, si la conciliación o mediación directa con el deudor no es fructífera, se plantea la vía judicial.
La propia guía de derechos y obligaciones de los propietarios, editada en mayo de 2026 por los Administradores de Fincas Colegiados, recoge expresamente entre las facultades de las comunidades la posibilidad de reclamar judicialmente las deudas comunitarias. Estas reclamaciones pueden incluir las cantidades pendientes, además de los intereses, costas y otros gastos previstos legalmente. Desde Arias Fincas, empresa de administración de propiedades de Vigo, explican que para poder llevar un caso de morosidad a juicio es necesario que la junta lo apruebe por mayoría simple. En la mayoría de casos, los vecinos dan luz verde.
Los tribunales de Vigo han tramitado en los últimos años distintos procedimientos relacionados con deudas de comunidades de propietarios. Una resolución del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vigo, por ejemplo, recoge una reclamación de una comunidad contra una empresa propietaria de dos locales por una deuda de 11.137,35 euros correspondiente a cuotas ordinarias y extraordinarias. La reclamación había sido previamente aprobada por la junta de propietarios. Otro procedimiento tramitado en Vigo recoge precisamente cómo una comunidad había acordado en junta la liquidación de una deuda vencida y su reclamación judicial, en ese caso por varios miles de euros.
La morosidad es uno de los problemas económicos que más puede comprometer el funcionamiento de una comunidad. El impago de cuotas y derramas reduce los recursos disponibles para afrontar gastos ordinarios, mantenimiento y obras, y puede terminar generando tensiones entre los propietarios que cumplen regularmente con sus obligaciones y quienes acumulan recibos pendientes. Contribuir a los gastos generales de la comunidad es una obligación de todos los propietarios, incluidos los gastos de servicios, mantenimiento, suministros y derramas extraordinarias, de acuerdo con el coeficiente de participación correspondiente.
La reclamación judicial no es, sin embargo, la única cuestión que debe afrontar una comunidad ante un impago. Las decisiones sobre presupuestos, derramas y reclamaciones de deuda corresponden a la junta de propietarios, que es el órgano encargado de adoptar los acuerdos necesarios para el funcionamiento y administración del edificio.
El documento también recuerda que las comunidades pueden establecer, dentro de los límites legales, recargos e intereses por morosidad y que están legitimadas para acudir a los tribunales para recuperar las cantidades adeudadas. El problema no se limita a las cuotas ordinarias. Las derramas extraordinarias también forman parte de las obligaciones económicas de los propietarios, por lo que una comunidad puede reclamar las cantidades aprobadas y vencidas cuando no son abonadas.
En Vigo, además, los juzgados han recibido en los últimos años un flujo constante de litigios relacionados con comunidades de propietarios. Un análisis publicado en 2024 señalaba que los órganos judiciales de la ciudad recibían una media de entre 50 y 60 demandas al año relacionadas con conflictos entre propietarios, incluyendo impagos de cuotas, obras y acuerdos de las juntas. En los últimos tiempos, se calcula que se han registrado más de medio centenar de reclamaciones judiciales relacionados son propietarios morosos.
La vía judicial se convierte así en el último recurso para comunidades que necesitan garantizar que los propietarios contribuyan a los gastos comunes. El objetivo no es solo recuperar una cantidad pendiente, sino evitar que el coste de los impagos termine recayendo sobre el resto de vecinos.
Registro de deudores
Los impagos en las comunidades de vecinos generan desfases en el estado de las cuentas tanto de la propia comunidad como de, obviamente, los propietarios, que ven cómo sufren en algunos casos retrasos en el alquiler. En Vigo es un fenómeno que se ha acentuado especialmente desde el estallido de la pandemia y que se ha agravado con la inflación de estos últimos meses. Por ello, tanto el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia como profesionales del sector de la ciudad, apuestan por la creación de un registro de morosos para dar confianza a los arrendadores y disuadir del alquiler a aquellas personas que no estén dispuestas a afrontar los pagos.
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