Las residencias de mayores de Vigo solo tienen disponibles una veintena de sus más de dos mil plazas

La demanda de plazas de residencia para personas mayores en la ciudad supera con creces la oferta y está alcanzando una situación insostenible. Lograr plaza en uno de los tres centros sociosanitarios públicos resulta casi imposible y, en los dos de iniciativa social, es también muy complicado. En la actualidad, ninguno dispone de una sola cama libre. Pero este déficit de recursos se ha extendido también al sector privado. Ni aquellos que pueden permitirse pagar el coste de este servicio encuentran sitio fácilmente. «Las llamadas de familias desesperadas, que no encuentran a dónde llevar a sus mayores, son diarias», expone Guadalupe Vázquez, directora de las residencias Bodia en Vigo.

En el municipio de Vigo hay un total de 2.015 plazas residenciales destinadas a personas mayores en 21 centros, según los datos que la Consellería de Política Social e Igualdade facilita a través de su web. De todas ellas, solo hay una veintena disponible. Todas en el ámbito privado.

En el público hay tres residencias: la de Bembrive, el Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes I y el CRAPD II. Suman 604 plazas, todas ocupadas. Acceder a ellos se ha convertido casi en misión imposible. La Xunta ingresa en ellos también los casos de emergencia social de adultos de todas las edades, un colectivo que tiene preferencia en el acceso y que ha ido ganando peso en estos centros.

Pero ni en el caso de personas que no tienen otra alternativa es fácil encontrar plazas. En el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), en servicios como Geriatría, Neurología o Medicina Interna ven a pacientes con el alta médica permanecer en las habitaciones más tiempo hasta que se libera una plaza en un geriátrico para ellos. Hasta dos meses. Y en algunos casos los llevan a residencias a 200 kilómetros de distancia.

Iniciativa social y privada

La residencia de El Rocío, de la Fundación San Rosendo, y la de Santa Marta, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, son las dos únicas de iniciativa social y sus 215 plazas también están completas. Al no tener ánimo de lucro, tienen unos precios más contenidos. Por ejemplo, en la primera son 1.905 euros al mes por habitación compartida y 2.445 euros por la individual. Cuenta su directora, Conchi Lorenzo, que tienen una lista de espera de «un año como mínimo». En la segunda tienen mucha demanda y lo atribuyen a la confianza que la población tiene en las hermanas y en su enfoque diferente en los cuidados.

En el ámbito privado la oferta crece, pero no al ritmo de la demanda. En la actualidad, el municipio cuenta con 15 geriátricos que suman 1.196 plazas —90 de ellas, financiadas por la Xunta—, con un coste medio que roza los 2.500 euros en habitación compartida. Hay menos de 20 disponibles. «No se ha notado el descenso en la demanda, pese a que se han abierto otras residencias», reflexiona Ángeles Ramírez, directora en Ballesol, donde también tienen lista de espera para determinadas habitaciones.

La situación de otros centros del área metropolitana, que también dan servicio a la ciudad, no es diferente. Una de las más grandes es Doral Residencias, en Mos, con 170 camas para personas mayores y ninguna libre. Cuenta su director, Manuel Añón, que en lista de espera tienen a 600 personas. Pone de ejemplo el caso de un usuario que llevaba dos años esperando, mediante la contratación de cuidadores en su domicilio, hasta que quedó un hueco libre y pudo trasladarse aquí, cerca de su hijo.

Añón advierte que, además, todas estas plazas se han convertido en «permanentes». Es decir, no tienen espacio para dar cobijo a usuarios en períodos de convalecencia —por ejemplo, durante la recuperación de una operación de cadera— o para el programa autonómico de respiros familiares, que concede ayudas a cuidadores para poder hacer un descanso en estas obligaciones familiares y viajar o lo que estimen oportuno.

Diferentes fuentes del sector explican que el verano es «una época complicada», con demanda de muchas estancias temporales que buscan las familias para poder utilizar esta ayuda de la Xunta. «Lo tienen realmente difícil, aunque nos llamen con mucha antelación, porque una residencia no le puede asegurar que para esa fecha vayan a tener un hueco, no se puede reservar», explican desde la residencia Moledo, donde también corroboran que cada vez llaman más familias desesperadas buscando una plaza.

Pero el regreso de las vacaciones, tampoco es mejor. Familias que han visto como un ictus u otro problema ha convertido en dependiente a su mayor han aguantado el verano con los descansos de sus miembros, pero necesitan otra solución al volver todos a su actividad. Varias residencias ya esperan el próximo lunes el ingreso de los usuarios que colgarán el cartel de completo del centro.

Falta de personal

Durante todo el año, las peticiones de ingreso por sucesos sobrevenidos, como los citados ictus o recuperaciones de operaciones por fracturas, son una constante. «Llegan desesperados, pero no puedes hacer mucho», cuentan. En O Lecer, donde también tienen listas de espera, perciben que la mayor demanda es de grandes dependientes.

Su directora, Rebeca Rebolo, apunta a otro gran problema: la dificultad para encontrar trabajadores, especialmente, desde la pandemia. Ella lo observa, sobre todo, en los auxiliares de enfermería. Otros añaden también enfermería, facultativos, fisioterapeutas...

En Peniche tienen lista de espera desde el quinto mes tras la apertura. «Y esto va a ir a más, no hay recursos», sostiene Luis Barros, CEO y cofundador de Atendo. Además de escasa, opina que la oferta «no cubre las necesidades de un colectivo heterogéneo». Han creado la Fundación Peniche para crear nuevos modelos de alojamiento intergeneracionales en colaboración público privada y desde el urbanismo municipal.

Todos los consultados coinciden en que la situación está llegando a un límite peligroso y se necesitan más recursos para atender a personas dependientes, ya sea por edad, discapacidad o enfermedad.

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