Asociaciones abolicionistas: «Una ordenanza municipal no va a abolir por sí sola la prostitución, pero puede cambiar la respuesta que reciben las mujeres»

El Concello de Vigo anunció hace un mes la primera ordenanza gallega para abolir la prostitución y abrió un plazo de consulta pública, previa a la elaboración de la norma. Cinco organizaciones feministas abolicionistas se han unido para presentar una propuesta articulada y un documento con aportaciones para avanzar hacia la abolición y garantizar alternativas reales de salida para las mujeres.

Son la Asociación de Mulleres Abolicionistas Galegas AMAG-Vigo, la Asociación Feminista AS Furias, la Asociación de Mulleres As Silveiras, la Asociación Observatorio Feminista Galego y el Partido Feministas al Congreso (PFAC).

La propuesta toma como referencia el marco desarrollado por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que ha impulsado una propuesta de ley orgánica en esta línea. Consideran que la respuesta municipal debe dirigirse contra quien sostiene el sistema prostitucional.

Entienden que el Concello de Vigo tiene competencias para actuar sobre la demanda, la publicidad, los locales e inmuebles en los que existen indicios de explotación sexual y otras actividades que alimentan este negocio y abogan porque las utilice. «El foco debe estar en los demandantes y proxenetas, no en las mujeres», defienden

Opinan que «una ordenanza municipal no va a abolir por si sola la prostitución», pero sostienen que «puede cambiar la respuesta que reciben las mujeres y darles posibilidades reales de salir de ella». Advierten que «los servicios públicos municipales», como la Policía Local o Servicios Sociales, «deben contar con herramientas para identificar indicios de prostitución, trata o explotación sexual, actuar adecuadamente».

Se muestran «realistas» y son «conscientes de que la mayoría de competencias son del Estado o de la Xunta de Galicia», por lo que «lo que se haga en Vigo puede trasladar la demanda a los municipios aledaños». «Lo que realmente marcaría la diferencia es una ley a nivel abolicionista estatal, promesa incumplida de este Gobierno que tiene una propuesta ya elaborada por las organizaciones abolicionista y supervivientes de la prostitución —la LOASP— que lleva años en un cajón a la espera de su aprobación en el Congreso de los diputados», destacan.