Más de cien patinetes eléctricos confiscados por el Concello de Vigo acaban en el desguace

En el depósito municipal llegó a haber unos 115 patinetes inmovilizados de la empresa Buny, que había desplegado por la ciudad una flota de este tipo de vehículos para que vigueses y turistas los pudiesen alquilar. El problema era que no tenían autorización para dejarlos aparcados en la vía pública, y por eso la Policía Local empezó a requisarlos y trasladarlos a la oficina de objetos perdidos ya en 2019. A los pocos años, Buny acabó cerrando por motivos económicos y tras superarse el plazo para reclamar esos patinetes, el Concello aplicó el protocolo de tratamiento de residuos: se revisaron las baterías y los vehículos acabaron en el punto limpio. Es decir, más de 100 patinetes eléctricos acabaron en la basura.

El conflicto entre Buny y el Concello de Vigo se remonta a septiembre de 2019, cuando la empresa comenzó a desplegar patinetes eléctricos de alquiler por la ciudad. La compañía defendía que se trataba de una prueba piloto y pretendía consolidar el servicio, pero el Ayuntamiento consideró que estaba desarrollando una actividad económica sin autorización municipal.

El principal problema no era solo la falta de permiso, sino también la forma de estacionar los vehículos. El Concello denunció que los patinetes ocupaban aparcamientos de bicicletas y se sujetaban a farolas, señales y árboles, utilizando mobiliario y espacio público sin autorización. Inicialmente, Abel Caballero dio un margen a la empresa para que retirase los vehículos y resolver el problema de forma amistosa.

Al no producirse la retirada, el Ayuntamiento endureció su posición. En enero de 2020 la Policía Local comenzó a inmovilizar los patinetes de Buny, llegando a acumular alrededor de un centenar en dependencias municipales, llegando a saturar la oficina de objetos perdidos. La empresa, por su parte, acusó al Concello de impedirle recuperar los vehículos y reclamó que se aclarasen las razones de las retiradas.

Caballero defendió públicamente que Vigo podía contar con más patinetes, pero siempre dentro de un sistema «ordenado» y con autorización. Finalmente, Buny anunció a finales de enero de 2020 que abandonaba su actividad en Vigo.

El episodio acabó teniendo además una consecuencia duradera en la regulación municipal. La posterior ordenanza de VMP estableció que el alquiler de patinetes debía someterse a autorización previa, una medida directamente relacionada con la experiencia de Buny.

Sanciones

La ordenanza establece un régimen sancionador con multas de hasta 500 euros en función de la gravedad de la infracción. Las conductas se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones variadas: hasta 100 euros en el caso de las leves, de 101 a 200 euros para las graves y de 201 a 500 euros para las muy graves.

Entre las infracciones leves, se incluyen conductas como circular sin mantener la distancia mínima de seguridad establecida, estacionar en aceras o zonas destinadas al paso de peatones, aparcar el patinete fuera de los espacios habilitados existiendo plazas libres a menos de 50 metros o amarrar el vehículo en lugares donde está expresamente prohibido.

Las infracciones graves abarcan un amplio catálogo de comportamientos. Entre ellos, circular superando los límites de velocidad cuando no se considere una falta muy grave, conducir un patinete sin tener la edad mínima permitida o transportar pasajeros pese a que el uso es unipersonal.

Autoescuelas

Como comparten espacio con motos y coches, entre otros, algunas autoescuelas de Vigo decidieron organizar en los últimos años cursos y jornadas de formación destinadas a usuarios de patinetes eléctricos para enseñarles las normas básicas de conducción que tienen que cumplir en el día a día y, especialmente, lo que no deben hacer, además de consejos básicos sobre cómo conducir este tipo de vehículos.

Desafortunadamente, la demanda de estas jornadas de formación fue mínima y apenas hubo personas interesadas, por lo que no se llevaron finalmente a cabo. Y eso que las autoescuelas que se decidieron a organizarlas proponían jornadas de carácter gratuito. «La gente parece que no lo vio necesario, y eso que se están viendo auténticas barbaridades en la carretera y creo que es necesario al menos un curso de normativa básica. Pero no hubo interés y decidimos cancelarlo», explica Andrés Bugallo, director de la autoescuela Faro.

Suscríbete para seguir leyendo