Las disputas entre propietarios y vecinos dejan más de 200 denuncias en Vigo

Quizás series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina han tenido tanto éxito porque resulta fácil empatizar con estas disputas vecinales. Los datos así lo avalan: en lo que llevamos de año, los tribunales vigueses han tenido que resolver cerca de 200 denuncias entre vecinos y propietarios por disputas de todo tipo, desde daños por filtraciones en viviendas o bajos comerciales a falta de mantenimiento en zonas comunes, ruidos o impagos de las cuotas.

A esto hay que sumarle todos aquellos enfrentamientos que están en manos de la Policía. Sin ir más lejos, varias patrullas de la Nacional, una de ellas de paisano, tuvieron que intervenir este lunes en un inmueble de Urzáiz, próximo a la plaza Fernando el Católico, cuando una comunidad de vecinos se negaba a colocar el rótulo de un negocio, ubicado en la planta baja, en la fachada del edificio.

Ejemplos

Esta conflictividad ha ido más allá de las propias reuniones o juntas vecinales y requiere hasta de intervención policial. En buena parte de aquellas que llegan a judicializarse, el motivo de fondo busca anular un acuerdo aprobado en junta por parte de un propietario. Por ejemplo, recientemente una vecina ganó un pleito contra su comunidad al negarse esta a darle una copia de las llaves de acceso al garaje. El colectivo de propietarios argumentaba que en la compra de la vivienda ya tenían que haberle informado cuál sería su plaza con su correspondiente llave. El juzgado le ha dado la razón a la demandante obligando a la comunidad a entregarle las llaves.

Los acuerdos de una junta de propietarios pueden ser impugnados ante los tribunales cuando vayan en contra de los propios estatutos, beneficien a un propietario frente al resto o se produzca una situación de abuso. En otro ejemplo, un juzgado vigués le ha dado la razón al dueño de un bajo comercial tras la aprobación por parte de la comunidad de retirar el extractor de humos y gases así como la tubería de la chimenea. Esto provocó que el inquilino que tenía alquilado el espacio decidiera no renovar el contrato. El demandante recurrió el acta de la junta donde se aprobaba esta medida porque ni siquiera venía incluida en el punto del día. El magistrado vigués estimó la demanda obligando a la comunidad a anular los acuerdos de dicha junta.

En otro caso, una propietaria empleaba un trastero como vivienda particular y pedía poder disponer de buzón y telefonillo o vídeo portero propio. La comunidad le había venido girando y percibiendo cuotas ordinarias y extraordinarias vinculadas a dicho espacio durante años, asignándole un coeficiente de participación; sin embargo acordó en junta negarle dichas obras porque no podía tener la consideración de vivienda independiente. Un juzgado de Vigo estimó en parte la demanda al considerar que se produjo por parte de la comunidad una contradicción que constituye un abuso de derecho. Además, la prueba pericial determinó que instalar el telefonillo y utilizar el buzón no suponía un perjuicio para la comunidad ni existía un impedimento técnico.

Otra sentencia llamativa, que en este caso resultó a favor de la comunidad de propietarios, fue la demanda presentada contra el propietario y ocupante de una de las viviendas del edificio por reiterados gritos, insultos y amenazas que alteraban la convivencia. El juzgado consideró acreditadas las molestias mediante testimonios, requerimientos y actuaciones comunitarias, y estimó la acción de cesación. El inquilino fue privado del uso de la vivienda durante tres años y se ordenó el cese definitivo de su conducta. n

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