El TSXG libra a una viguesa de devolver 2.500 euros del IMV por un error de Hacienda

Un error de la administración, concretamente de la Agencia Tributaria, motivó que 6 años después, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social exigiese a una viguesa devolver los más de 2.500 euros correspondientes al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que cobró entonces. Señala el gobierno que sus ingresos y patrimonio del año 2020 y 2021, los correspondientes al tiempo de cobro de la prestación superan la renta exigida para su concesión y, por lo tanto, la ha percibido «indebidamente».

La mujer, madre de un niño, reclamó dicho reintegro afirmando que fue la propia administración la que le otorgó de «oficio» el IMV, concretamente «sustituyendo» la prestación por hijo a cargo qie ya cobraba por esta ayuda resultante del COVID. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 4 de Vigo rechazó la demanda de la mujer.

El TSXG, sin embargo, cambia el criterio. Aunque reconoce que, atendiendo exclusivamente a los ingresos, la prestación no habría debido reconocerse, considera determinante cómo se produjo ese reconocimiento. La beneficiaria no había solicitado el IMV ni realizó alegaciones falsas para obtenerlo. Fue la propia Administración la que, con información fiscal de la que disponía, decidió concedérselo.

Es aquí donde entra en juego la doctrina «Cakarevic», originada en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2018. El TEDH estableció que los errores imputables exclusivamente a las autoridades públicas no deben ser corregidos, en principio, a costa de la persona afectada. En aquel caso, la devolución de una prestación de desempleo fue considerada una carga individual excesiva al tratarse de una ayuda destinada a cubrir necesidades básicas y no existir mala fe por parte de la beneficiaria.

Y en este caso se cumplen todas estas condiciones. La concesión del Ingreso Mínimo Vital se hizo en base a la «información facilitada por la AEAT (Agencia Tributaria) respecto a los ingresos de la unidad familiar». Estos datos eran erróneos al ser inferiores a la renta mínima que se exige para el cobro del IMV pero no fueron facilitados por la propia viguesa. Años después, Hacienda se dio cuenta y es cuando le reclama la devolución de los 2.500 euros percibidos entonces.

En cuanto a la buena fe, el Alto Tribunal gallego sostiene que la viguesa «no ha contribuido» mediante alegaciones falsas u otros actos «contrarios a la buena fue» a la vez que señala que la cuantía reconocida en 2020 «satisface necesidades básicas de subsistencia» y por lo tanto «no debe devolverse el dinero».

Esta sentencia choca con la decena de casos en las que el Ministerio exige reintegros de la misma al sí haber superado el límite legal de renta (8.705,65 euros) y no haberlo comunicado por parte de los benecifiarios.

61.000 solicitudes

Con todo, lograr esta prestación no es nada sencillo. Desde que se otorga, mediados de 2020 a consecuencia de la pandemia de Coronavirus, y según los últios datos del Ministerio e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de las 61.000 solicitudes acumuladas en Vigo y resto de la provincia de pontevedra, solo se han concedido 20.000, siendo rechazadas dos de cada tres.

Actualmente, y según estos mismos datos oficiales, a día 30 de junio de 2026, la cifra total de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital es de 13.431, 9.900 mujeres frente a 3.500 hombres.

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