La CIG reclama al Concello de Vigo un reconocimiento para los 226 funcionarios represaliados por el franquismo

La sección sindical de la CIG en el Concello de Vigo ha solicitado al alcalde la reparación y el reconocimiento institucional de los empleados municipales que fueron represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La central sindical plantea que el homenaje que cada mes de agosto se celebra en el cementerio de Pereiró en memoria de los políticos y sindicalistas vigueses asesinados por el franquismo se haga extensivo también a los trabajadores públicos que sufrieron la depuración por motivos ideológicos.

Según recuerda la organización, tras el golpe de Estado de 1936 se puso en marcha un proceso de depuración del personal funcionario en las administraciones públicas. En el caso del Ayuntamiento de Vigo, fue el más numeroso de toda la provincia de Pontevedra. De una plantilla formada por 895 empleados, un total de 226 fueron sancionados, lo que supone alrededor de una cuarta parte del personal municipal.

La CIG señala que el 71% de los expedientados fueron separados definitivamente de sus puestos. Entre los servicios más afectados figuraban la Policía Local, los cuerpos de limpieza y arbitrios y el servicio de aguas, que concentraron más de 160 depuraciones. Las sanciones alcanzaron a empleados de muy diversos perfiles, desde el secretario general y jefes de sección hasta bomberos, administrativos, barrenderos, peones, policías, chóferes, maestras o porteros.

La información en la que se basa la petición procede de la investigación realizada por el historiador Lucio Martínez Pereda, publicada en 2009 en el boletín número 14 de Glaucopis, editado por el Instituto de Estudios Vigueses.

Entre las medidas que la central sindical propone figura la convocatoria de un pleno extraordinario para condenar la usurpación del poder local por la dictadura franquista en Vigo, declarar nulos los acuerdos y resoluciones mediante los que se depuró al personal municipal por razones ideológicas y reconocer como víctimas, a efectos de la legislación sobre memoria democrática, a los trabajadores del Ayuntamiento represaliados tras el golpe militar de 1936.

Asimismo, plantea solicitar al Estado la declaración oficial de reparación y reconocimiento personal para estas víctimas.

La CIG también hace un llamamiento a la ciudadanía para localizar a familiares de los funcionarios afectados con el objetivo de facilitarles información sobre estos expedientes y promover medidas de reparación. Además, propone continuar investigando la documentación conservada en el Archivo Municipal para determinar si existieron más casos de empleados represaliados durante la dictadura y organizar un acto público de homenaje y reconocimiento.