Las zonas de bajas emisiones de Vigo, listas para su entrada en vigor: unos 60.000 vehículos se verán afectados en la primera fase

Todo listo para que la ciudad de Vigo se incorpore al club de municipios españoles con zonas de bajas emisiones (ZBE). El pleno del Concello aprobó este lunes definitivamente la ordenanza reguladora de las cuatro áreas diseñadas por el gobierno local (centro, plaza de Portugal, O Calvario y Bouzas), que se pondrán en funcionamiento una vez que la normativa sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, aunque antes el Concello abrirá un plazo para solicitar las autorizaciones para acceder a estos ámbitos.

A partir de la publicación en el boletín, según recoge el texto, se abrirá la primera de las tres fases establecidas en el cronograma de las ZBE, con una duración de dos años y por la que se verán afectados los propietarios de más de 62.000 vehículos, aquellos que según la base de datos de la Dirección General de Tráfico, carecen de distintivo ambiental, por lo que salvo que entren en el contenido de algunas de las excepciones recogidas en la norma de las ZBE, no podrán acceder dentro de los perímetros establecidos, que suman 67,18 hectáreas, un 0,6% de la superficie total del municipio.

Asimismo, aunque la ordenanza elaborada establece una multa de 200 euros a aquellos conductores que accedan sin autorización a las ZBE, según lo estipulado en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial para infracciones graves, durante el primer año de vigencia de estas áreas delimitadas no será necesario rascarse el bolsillo, al establecerse un período de 12 meses en el que, al identificar un incumplimiento, se procederá a informar al conductor que lo haya cometido, con el objetivo de concienciar sin penalizarle económicamente.

Aunque en un principio, la ZBE se concibe como una herramienta para prohibir la circulación por esos ámbitos, la ordenanza aprobada definitivamente establece una larga lista de excepciones a las que podrán acogerse vecinos y trabajadores de la ciudad, siempre y cuando tramiten la preceptiva autorización ante el Concello y se les conceda. Según recoge la ordenanza, desde la entrada en vigor de las ZBE, se debe habilitar en el plazo máximo de dos meses una aplicación informática en la sede electrónica municipal para tramitar las solicitudes.

Se garantizará el acceso a los residentes con vehículos domiciliados en calles comprendidas dentro de los perímetros, a aquellos adscritos a una actividad económica que se desarrolle en el interior de las zonas, los vehículos con tarjetas de movilidad reducida, los adscritos a servicios públicos esenciales, vehículos de dos ruedas en horario de 7:00 a 22:00 horas, transporte público, taxis, VTC, los que acudan a centros médicos o educativos o aquellos que se dirijan a parkings. También se establecen condiciones para los servicios de carga y descarga. Se prevé un impacto mínimo, dado que la mayoría de servicios públicos están fuera de las ZBE, con muchas calles en las que ya está actualmente restringida la circulación.

Sin consenso

En las numerosas excepciones y en una norma surgida con vocación de no aplicar una revolución entre los conductores vigueses incidió durante el debate plenario el portavoz del PSOE, Carlos López Font. El edil defendió el concepto de ZBE planteado por el gobierno local, «con un claro objetivo, que nadie se viera obligado a cambiar de vehículo con una norma fuerte y con consistencia jurídica, pensando en el interés general».

La ordenanza salió adelante con los votos en contra de los dos grupos de la oposición. El concejal del PP Miguel Martín acusó al gobierno socialista de optar «pola alternativa máis lesiva» para los vigueses, «atacando o peto con algo que non mellorará a súa calidade de vida», censurando que las ZBE entren en vigor sin la mejora del transporte público. Aseguró, también, que «se busca castigar ós que máis teñen».

Por su parte, el nacionalista Xabier P. Igrexas pidió, sin éxito, al PSOE frenar el proceso «para evitar unha grave equivocación cunha norma surrealista que perpetúa un modelo fracasado, inxusto e inútil». En este sentido, el portavoz del BNG echa en falta unha política de movilidad «valente e transformadora que reduza a dependencia do vehículo privado». Tildó la ordenanza de «fake» y pidió a los socialistas mirar hacia el Concello de Pontevedra.

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