Las normas municipales contra la prostitución en España: problemas en la ejecución y una ordenanza tipo nacida del movimiento ciudadano

El Concello de Vigo anunció este jueves el inicio de la tramitación de la primera ordenanza municipal abolicionista de Galicia. Será, además, de las primeras de España. Más allá de cláusulas introducidas en ordenanzas cívicas más generales, desde la Plataforma de Organizaciones Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) calculan que hay una veintena de normas locales específicas aprobadas a lo largo del territorio español.

«Unas son mejores, otras son peores, pero la gran mayoría son voluntariosas. El problema es la puesta en marcha», resume Charo L. Gálvez, miembro de la Comisión Coordinadora Estaral de la PAP. Señala que, en buena parte de los casos, «no se están llevando a cabo porque los trabajadores municipales que tiene que iniciar esos expedientes no lo entienden como algo prioritario o relevante» y anima a estas administraciones locales a acompañar el esfuerzo normativo con formación a su plantilla.

La primera ordenanza municipal centrada en exclusiva en la lucha contra la prostitución y la trata con fines de explotación es la que aprobó Sevilla en 2008. Más recientemente, en agosto de 2023 entró en vigor otra en León. Sin embargo, en sus primeros siete meses, no se tramitó ninguna sanción. La Comunidad Valenciana es una de las regiones con más iniciativas de este tipo, como la del ayuntamiento de Aspe, que entró en vigor en septiembre de 2024.

Una ordenanza tipo

La PAP registró el 6 de marzo en el Congreso de los Diputados una propuesta de Ley Orgánica Abolicionistas del Sistema Prostitucional, pero lamenta ver que esta medida «no es una prioridad para nadie» y no avanza. Esta plataforma ciudadana, con más de 70 asociaciones adheridas, vio entonces en las ordenanzas municipales un instrumento útil que podía discurrir en paralelo.

Con la experiencia de las ya aprobadas, elaboró una norma local tipo para facilitar que cualquier ayuntamiento, de cualquier tamaño, pudiera ponerla en marcha. Si quiere aplicándola de forma casi directa, modificándola, ampliándola o mejorándola. Otro 6 de marzo, en este caso, de 2026, se la presentaron para su difusión a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que la tiene ahora en estudio en su comisión de igualdad.

Explica Charo L. Gálvez que el objetivo «es cambiar las políticas municipales hacia una tolerancia cero con la explotación sexual y dar a las organizaciones feministas locales una herramienta para incidir en su ámbito concreto». Las están presentando en los distintos municipios. «Nuestra intención es hacer llegar al ayuntamiento de Vigo un modelo que entendemos que no es solo un instrumento valioso, sino que te ahorra bastante trabajo», avanza.

La finalidad de la ordenanza es erradicar la prostitución y otras formas de explotación sexual, en el marco de las competencias municipales. ¿Pero qué puede hacer en concreto un ayuntamiento? Puede proteger a las víctimas informándolas y prestándoles los servicios que requiera, con un enfoque integral e inclusivo.

Puede articular medidas y recursos para prevenir y para sensibilizar a la población sobre la violencia extrema que supone la prostitución.

Puede prohibir cualquier tipo de publicidad de explotación sexual o que atente contra la imagen de las mujeres en espacios públicos —incluido el transporte público y vehículos que requieran licencia municipal, como los taxis— y todo lo que los sobrevuele suelo público —vallas, lonas publicitarias...—.

Puede incluir en su licitación pública cláusulas que obliguen a que las empresas adjudicatarias tengan una política de cero connivencia con la explotación sexual o negar subvenciones y apoyos de cualquier tipo a asociaciones que blanqueen la prostitución.

Puede hacer intervenciones concretas en domicilios, establecimientos y locales en los que se presuma que hay explotación sexual y trasladar la información obtenida a la fiscalía o la autoridad judicial.

Puede sancionar infracciones administrativas a quien consuma o se lucre, con multas de 300 a 3.000 euros, ajustadas a lo que les permite la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Bajo ningún concepto se sancionará a mujeres en situación de prostitución.

Proponen que el importe de las multas se sume al presupuesto anual propio con el que se dote al Plan Municipal que, en el plazo de seis meses desde su aprobación, debe desarrollar la ordenanza.

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