El Concello de Vigo propone sancionar a consumidores, promotores y facilitadores de prostitución y garantizar protección a las víctimas

El pleno de la Corporación municipal ya posicionó a Vigo como «Cidade abolicionista da prostitución», el pasado mes de enero, con el V Plan Integral de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2026-2030. El Gobierno local avanza en esta línea y anuncia la primera ordenanza municipal abolicionista de Galicia y una de las primeras en España.  «Es el paso definitivo para que Vigo siga siendo una ciudad comprometida con la igualdad, la dignidad y los derechos humanos», defendió la primera teniente de alcalde, Carmela Silva.

La Junta de Gobierno local que se celebra este viernes aprobará la consulta pública previa a la elaboración de esta norma, mediante la que el Concello quiere dotarse de un instrumento reglamentario para actuar contra la prostitución y las distintas formas de explotación sexual, dentro del ámbito de sus competencias en igualdad, servicios sociales, convivencia ciudadana, seguridad y utilización de espacios públicos. El objetivo último es promover su «erradicación» en el municipio.

Silva destacó que la ordenanza actuará contra  «quienes se lucran con la explotación sexual» y «la demanda que la sostiene». De hecho, la norma establecerá un régimen sancionador identificando las conductas susceptibles de infracción administrativa «como son la demanda, el favorecimiento, la promoción y la facilitación» de la prostitución. «En ningún caso, ni de forma directa ni indirecta, podrá ser sancionada la víctima», subraya la propuesta de la Concejalía de Igualdad y Comercio.

Protección a la víctima

De hecho, esta intervención municipal está orientada defender los derechos de las mujeres víctimas de la prostitución y garantizar su protección. Propone articular medidas encaminadas a la reparación integral, que suelen incluir asistencia psicológica, apoyo social, inserción laboral y recursos de acogida seguros.

La idea es aprobar un Plan Municipal contra la Trata y la Explotación Sexual y por la Abolición de la Prostitución que desarrolle las medidas recogidas en la ordenanza. Concienciar a la sociedad de que la prostitución «es una de las formas más extremas de violencia machista, que constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres y que es expresión de desigualdad», es otro de sus objetivos. También, fomentar la especialización de los trabajadores municipales que atiendan a las víctimas.

El futuro marco normativo tambien quiere promover la colaboración y la participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que, desde la sociedad civil actúan para abolir la prostitución.

Reacciones

Una de ellas es la Asociación Faraxa que aplaude todas las iniciativas que persigan la abolición, que trabajen «para poner límites a una situación absolutamente injustificada de esclavitud de las mujeres». Pese a las limitaciones de las competencias municipales en esta materia, Ana García Costas, presidenta de la ONG celebra esta medida como «una declaración de principios de nuestra ciudad».

Ve «positivo» perseguir el consumo y subraya que «es una de las vías que siguen las leyes abolicionistas» en algunos países europeos, como Francia, y en el anteproyecto de ley en el que se ha trabajado a nivel nacional. Aboga, no solo por penalizar al «putero», sino también a los que se benefician, «desde proxenetas a los que reciben cantidades importantes por facilitar inmuebles donde se explota a mujeres —tercería locativa—». García Costas resalta que la otra pata de la intervención debe ser «tener siempre una alternativa para las mujeres».

La presidenta y abogada de Faraxa quiere resaltar que en Vigo «se hace un gran trabajo en la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual por la unidad policial encargada (UCRIF) y por la Fiscalía delegada de extranjería».

Desde la Rede Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo se muestran a favor de «todo o que evite que as mulleres poidan ser prostituidas» y que se persiga a «puteros e empresarios que viven da prostitución». «Que conten con nós, desde logo», ofrece su presidenta, Charo Rodríguez, que pide que se tenga en cuenta la visión de esta entidad y de otras locales que trabajan en la materia.

Tras la aprobación de la apertura del trámite de consulta previa, la ciudadanía, organizaciones y asociaciones que lo deseen, pueden hacer sus aportaciones durante un plazo de 20 días.

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