La primera reunión de los chiringuitos y el Concello de Vigo se cierra de forma segregada y sin avances: «Nos pidieron que no hiciésemos declaraciones»

El pasado 8 de julio, agentes de la Policía Local se desplazaron hasta los chiringuitos de Vigo para comunicar el cese obligatorio de la celebración de conciertos en estos establecimientos, dejando a los empresarios sin una importante inyección económica en plena temporada estival. La normativa de las concesiones prohíbe expresamente este tipo de actuaciones, aunque hasta el momento el gobierno local lo había pasado por alto.

Las quejas presentadas por varios hosteleros ante el ruido en los arenales fueron el principal motivo de la notificación definitiva a favor del cumplimiento de la legalidad. La acción causó mucho revuelo entre los músicos locales y los propietarios de los negocios, que se vieron obligados a cancelar los eventos. Solicitaban una reunión con el Concello aludiendo a una regulación específica que aportase una solución —como se hizo en Nigrán—, mientras el organismo vigués y la Xunta se pasaban la pelota sobre la autorización de los eventos.

Con la aspiración de arreglar la situación, el portavoz municipal Carlos López Font comunicó el pasado fin de semana la celebración de una reunión este lunes con los responsables de los quioscos, pero la cita se desarrolló con cierto secretismo.

Reuniones individuales

El encuentro entre el Concello de Vigo y los dueños de los chiringuitos no fue como estos últimos esperaban. «Yo no sé nada de ninguna reunión, a mí nadie me llamó», decía un propietario de varios establecimientos en el mediodía del propio lunes. Después, FARO descubrió que la intención del organismo local era hacer distintas reuniones individuales a lo largo de la semana.

«Nos están reuniendo por separado a todos, parece más para dividirnos que para otra cosa», decía uno de los asistentes a una reunión de «20 minutos sin avances» con la concejala de Medioambiente, Nuria Rodríguez, y técnicos municipales. El Concello destacó que iba a estudiar alternativas, «aunque lo veían complicado porque tienen miedo que pase algo como el 'caso Saltamontes' sin estar regularizado».

Por eso, el afectado propuso la posesión de un seguro de responsabilidad civil exclusivo para actuaciones. «Nos pidieron que no hiciésemos declaraciones, que estaban preocupados porque no pensaron que iba a tener tanta repercusión», concluye.

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