El nuevo barrio de Guixar y el «Vigo Arena» marcan el camino: estas son las otras propiedades públicas de la ciudad que precisan definir su futuro

El paso adelante que han dado en las últimas semanas el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y el Concello para recuperar más de 62.000 metros cuadrados en el ámbito de Guixar, en el barrio de Teis, que llevan décadas inutilizados. Los terrenos, de la antigua fábrica de CLH y Campsa, fueron adquiridos por Zona Franca en 2003 y, tras varios anuncios que no salieron adelante, se ha optado ahora por una ambiciosa regeneración urbanística que dejará en la zona más de 600 viviendas, zonas verdes, espacios públicos y, como guinda, el «Vigo Arena».

El acelerón que se ha dado a estos proyectos debe servir como espejo para otras actuaciones que están pendientes de desarrollar en la ciudad olívica y cuya responsabilidad es exclusiva de las administraciones públicas, que mantienen tanto edificios como terrenos sin uso para los vecinos, mientras esos inmueble se deterioran cada vez más por el paso del tiempo.

Encaja en esta lista, por ejemplo, la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA), que más de dos décadas después del adiós de los militares al complejo, parece haber dado tímidos pasos para su completa apertura a la ciudadanía con obras de urbanización, el inicio de la construcción de una residencia de mayores que gestionará la Xunta o el proyecto de un parking subterráneo bajo la plaza de Armas, pero cuyos proyectos científicos liderados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que acaba de empezar con las demoliciones en su parte correspondiente, o la Universidad de Vigo, cuya nueva rectora ha anunciado un período de reflexión sobre qué es lo más idóneo para la ETEA, no terminan de arrancar. Son más de 115.000 metros cuadrados en una ubicación privilegiada como es la fachada litoral de Teis.

También muy cerca del mar, parece que ha empezado a cuajar otra iniciativa para poner fin a años de abandono y deterioro. En la avenida de Beiramar, la antigua Fribesa cesaba su actividad hace más de una década y la nave en la que tanto tiempo ejerció su actividad, víctima de dos incendios, quedó completamente devastada. Remiendos puntuales para evitar daños han dejado paso a la intención de la Autoridad Portuaria de cambiar para siempre la fisionomía de ese enclave, llevando adelante el denominado «Vigo Ocean Lab». El desafío es conseguir que el inmueble tenga varios usos (divulgativo, laboratorio de empresas y formación especializada) y, a la vez, regenerar toda esa área abriéndola a la ciudadanía.

Más tiempo llevan sin uso las instalaciones de titularidad estatal de la antigua prisión de la avenida de Madrid, clausurada en 1998 y, según acaba de reconocer recientemente el Gobierno en una respuesta parlamentaria, en la actualidad, «sin que todavía exista ningún acuerdo adoptado respecto al destino futuro de los terrenos y de las edificaciones». Lo que sí ha permitido el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) es activar la tramitación urbanística para la segregación de la parcela que acogió la cárcel de la que alberga en la actualidad el Centro de Inserción Social Carmen Avendaño. Eso permitirá desafectar la antigua prisión y, llegado el momento, proponer un uso alternativo, que podría estar relacionado con la educación, ya que el gobierno municipal ha mostrado en alguna ocasión su deseo de construir un nuevo colegio.

Cruzando de acera en la avenida de Madrid, por su parte, languidece la vieja estación de autobuses, que desde su cierre en 2022 ha acelerado su degradación, siendo utilizada por personas sin hogar para pernoctar, llegando a producirse incluso un homicidio. Tras su clausura, el futuro de este edificio y del terreno ha sido protagonista de uno de los muchos enfrentamientos entre Concello de Vigo y Xunta, exigiendo la administración local el derribo del inmueble para poder contar allí con una gran zona verde al estilo de la de praza da Miñoca, mientras que el Gobierno gallego ha apostado siempre por mantener en pie el edificio, reformarlo y darle otro uso.

Un litigio similar es el que está en marcha en los antiguos juzgados de la rúa Lalín, una cuestión que ha llegado incluso a judicializarse para dirimir la titularidad. El Gobierno gallego llegó a licitar un concurso para hacer allí un centro de asociacionismo, pero el rechazo del Concello bloqueó el procedimiento y obligó incluso a la Xunta a indemnizar a las empresas que se postularon.

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