Reacción de profesionales y asociaciones ante la negativa a financiar medicamentos frente al alzhéimer: «Perjudica al paciente y beneficia a la privada»

Son unos fármacos tan esperados, que en la Unidad de Demencias del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) llevan ya un tiempo depurando el proceso y los protocolos para administrarlos. Tanto es así que ya tenían pacientes preseleccionados para no perder tiempo en el momento en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaran su financiación pública. Sin embargo, a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, acaban de decidir no cubrir el lecanemab y el donanemab, los primeros fármacos que logran modificar el curso de la enfermedad de Alzheimer y de los que se espera que abran la puerta a una revolución terapéutica en esta patología.

Se trata de los primeros medicamentos que eliminan la proteína beta-amiloide del cerebro, ralentizando el deterioro cognitivo en las fases más tempranas, con lo que pueden retrasar de 1 a 3 años el progreso de la enfermedad. Aunque su eficacia es limitada —del 27% uno y del 35% el otro—, los resultados son sólidos y se calcula que se podrían utilizar con uno de cada diez pacientes.

En Estados Unidos llevan autorizados tres años. Hace algo más de uno, los aprobó la Agencia Europea del Medicamento y ya se emplea desde hace meses en Alemania y Austria. En España, es la segunda vez que Gobierno central y comunidades le niegan la financiación. Las farmacéuticas han anunciado que lo pondrán a disposición de la sanidad privada.

¿Por qué no lo financian?

El Ministerio de Sanidad ha asegurado que la falta de acuerdo con las compañías farmacéuticas sobre un techo de gasto compartido impidió cerrar la financiación. A través de una carta, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado que «la responsabilidad de las autoridades públicas exige adoptar decisiones que tengan en cuenta no solo la existencia de una innovación terapéutica, sino también la solidez de la evidencia disponible, la seguridad de los pacientes, la capacidad real del sistema para implantar el tratamiento con las garantías necesarias y unas condiciones económicas que permitan un acceso equitativo y sostenible para el conjunto de la ciudadanía». Puntualiza que, en los otros países europeos que se aplica, no es con financiación pública

El precio no es la única limitación. Los hospitales deben tener capacidad para hacer las pruebas de selección de pacientes, administrar unos tratamientos que se ponen en un hospital de día de un centro con UCI por sus posibles reacciones y frecuentes pruebas de control mediante resonancia magnética por posibles efectos adversos. Diferentes fuentes apuntan a la infraestructura disponible para el seguimiento como el principal escollo.

Ante el paso a un lado de la sanidad pública, se abre una importante oportunidad para la privada. De hecho, algunos hospitales privados ya los están administrando de forma compasiva. Fuentes cercanas avanzan que el Hospital Vithas Vigo ya habría iniciado la tramitación de las autorizaciones para administrar este medicamento, que podría suponer un coste para el paciente de entre 2.000 y 3.000 euros al mes.

Respuestas

Las reacciones de sociedades científicas y asociaciones de pacientes no se han hecho esperar. Empezando por la Sociedad Española de Neurología que expresa su «profundo pesar» y «preocupación» por esta decisión de la Administración, «limitando su acceso a la prescripción en el ámbito privado». Reprocha «importantes implicaciones clínicas» —por la denegación de un tratamiento «a personas que podrían experimentar un retraso en la evolución de la enfermedad»—, pero también éticas y sociales. «Introduce una barrera económica que vulnera el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud creando diferencias inaceptables según la capacidad económica», censura.

También advierte que «retrasa la modernización» de la atención pública a esta y otras demencias por la mejora en los circuitos y las redes asistenciales que su incorporación implica. Se pone a disposición de la administración para definirlos para que sean «seguros, eficientes y sostenibles».

La Sociedade Galega de Neuroloxía advierte que «esta decisión adquiere una especial relevancia en Galicia, una de las comunidades con mayor envejecimiento poblacional de Europa». Su presidente, el doctor José Ramón Lorenzo González, reprocha que «deja a un número significativo de pacientes gallegos y españoles sin acceso a la única alternativa terapéutoca capaz de modificar el curso de la enfermedad en sus fases iniciales. Ha remitido una carta al Ministerio de Sanidad pidiendo que se reevalúe, antes de la próxima reunión de la comisión, el 23 de septiembre.

Para el jefe del Servicio de Neurología del Chuvi, el doctor José Luis Maciñeiras, la decisión resulta «decepcionante». Considera que «es un error importante» de la comisión. Desconoce quién ha inclinado la balanza, pero advierte que no sería «ético» que se debiera a una «incapacidad de las comunidades para asumir el proceso». «Las limitaciones estructurales del sistema no pueden ser un motivo para negar esta opción terapéutica», defiende y propone que se autorice con un periodo de preparación para los centros implicados.

Advierte que no financiarlos «genera una situación de inequidad tremenda», porque «habrá un porcentaje de pacientes que sí se lo puedan pagar» y el resto no podrán acceder al «primer fármaco que va a la diana» de esta enfermedad y que «abre la puerta a otros» medicamentos en esta línea. «Perjudica a los pacientes y beneficia a la privada», resume.

La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (Ceafa) considera la decisión «injustificable» y acusa a las administraciones de «condenar» a los pacientes al abandono.

Desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Galicia (Afaga), hacen un llamamiento al Ministerio de Sanidad y las comunidades para que lleguen a un acuerdo que permita financiar los fármacos.

Su presidente, Juan Carlos Rodríguez, destaca que Vigo cuenta con una unidad de demencias «única y pionera» que dispone de «un equipo muy preparado» que lleva tiempo trabajando en los circuitos para administrar los medicamentos. Por ello, propone que se desarrolle un piloto «para que puedan arrancar por lo menos aquí». «Corremos el riesgo gravísimo de que sea un medicamento para la gente que tenga dinero. Pedimos que se generalice para evitar un problema de equidad, accesibilidad y justicia social», reclama.

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