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Polémica en las playas

El Concello de Vigo exige a la Xunta que autorice los conciertos en los chiringuitos o le ceda la competencia

Sostiene que el permiso sectorial de Costas corresponde al Gobierno gallego y reclama que se lo delegue por escrito si no quiere o no puede ejercerlo

Concierto en un chiringuito de Samil.

Concierto en un chiringuito de Samil. / JOSE LORES

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Vigo

El Concello de Vigo ha dado un nuevo giro a la polémica por la suspensión de los conciertos en los chiringuitos de las playas. El Gobierno local reclama a la Xunta de Galicia que tramite las autorizaciones sectoriales necesarias para recuperar las actuaciones musicales y, si no quiere o no puede ejercer esa función, que le ceda formalmente la competencia.

«Si la Xunta no tiene capacidad para desarrollar esta función de autorizaciones sectoriales que reclamó al Gobierno central, que nos delegue, por escrito, dicha competencia», señala Praza do Rei en un comunicado difundido este miércoles.

La respuesta municipal llega un día después de que la Xunta rechazase la interpretación del Concello y atribuyese al propio Ayuntamiento la responsabilidad de haber dejado fuera los conciertos de las concesiones de los establecimientos de temporada. Las dos administraciones mantienen así posiciones enfrentadas sobre quién debe mover ficha para que regrese la música a los arenales vigueses.

El Concello insiste en que los espectáculos musicales que se celebren dentro del dominio público marítimo-terrestre o en su zona de servidumbre necesitan una autorización sectorial previa en materia de Costas. Según su interpretación, ese permiso corresponde a la Administración autonómica y debe concederse antes de que el Ayuntamiento pueda tramitar su propia autorización.

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Asistentes a un concierto de un chiringuito. / JOSE LORES

El Gobierno local sostiene que tiene la voluntad de que las actuaciones vuelvan a celebrarse «con normalidad», pero siempre dentro de la legalidad. Por ese motivo, había indicado inicialmente a los concesionarios afectados que debían solicitar el visto bueno de la Xunta antes de acudir al Concello.

La Administración gallega, sin embargo, rechaza que sean los propietarios de los chiringuitos quienes tengan que dirigirse directamente a ella. La Consellería de Medio Ambiente argumenta que la Xunta autorizó la ocupación de los terrenos para prestar servicios de comida y bebida, mientras que la regulación de actividades adicionales, como los conciertos, corresponde al Concello al haber asumido voluntariamente la gestión de los servicios de temporada.

Según la versión autonómica, el Ayuntamiento podría haber incluido las actuaciones musicales en el plan de explotación y en los pliegos de las concesiones, tal y como hicieron otros municipios como Nigrán. La Xunta sostiene que, al no hacerlo, los conciertos quedaron sometidos a la normativa municipal y que corresponde al gobierno local modificar ahora el plan para incorporarlos.

Praza do Rei responde que esa gestión municipal no elimina la necesidad de contar con la autorización sectorial autonómica cuando la actividad se desarrolla en terrenos afectados por la legislación de Costas. Y eleva ahora el tono al reclamar que, si la Xunta considera que no le corresponde conceder esos permisos o carece de capacidad para tramitarlos, delegue la competencia en Vigo de manera expresa y por escrito.

El origen del conflicto

La controversia comenzó después de que el Gobierno municipal ordenase cancelar los conciertos programados para julio y agosto en los chiringuitos. La medida provocó las protestas de los concesionarios y de los músicos afectados, que denuncian importantes pérdidas económicas tras haber cerrado ya buena parte de su programación para el verano.

Desde entonces, Concello y Xunta se responsabilizan mutuamente del bloqueo. Mientras la Administración gallega apunta a las condiciones fijadas por el Ayuntamiento en las concesiones, el órgano municipal insiste en que no puede autorizar las actuaciones sin el permiso sectorial previo de Costas.

El último comunicado municipal convierte esa discusión administrativa en un desafío directo: que la Xunta ejerza las competencias sobre el litoral que reclamó al Estado o que las ceda al Concello para que pueda hacerlo. Entretanto, los conciertos continúan suspendidos y los chiringuitos siguen esperando una solución.

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