El caso del crimen de Lavadores irá a juicio para pedir la responsabilidad de la Xunta

El caso del crimen de Lavadores, del que fue víctima Mari Carmen en 2024 a manos supuestamente de su hermano Juan D.E. diagnosticado de esquizofrenia paranoide, irá finalmente a juicio. La audiencia preliminar celebrada este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, finalizó sin acuerdo, por lo que se iniciarán los trámites de cara a celebrar el juicio con jurado popular. La vista oral se verá condicionada por el severo estado de salud del acusado, quien, siguiendo las indicaciones de un reciente informe forense, comparecerá por este motivo por videoconferencia desde la prisión de A Lama con el adecuado soporte de enfermería dada la enfermedad que padece.

Para la audiencia de este lunes, de hecho, ya se había librado un oficio al centro penitenciario para que el sexagenario asistiese por videoconferencia y con dicho soporte médico. En la sala de vistas, junto a la magistrada, el letrado judicial y la Fiscalía, estuvieron la defensa, los dos abogados de la acusación particular y, entre el público, un hijo y un nieto de la víctima. Dado que no hubo conformidad, la jueza indicó que se continuará con la tramitación con el dictado del auto de hechos justiciables y de celebración de juicio. La sala también debe poner en marcha la maquinaria para seleccionar a los miembros del tribunal ciudadano que juzgará el caso.

Sin tomar la medicación

El crimen ocurrió el 3 de abril de 2024 en la vivienda donde vivía el acusado, a donde había ido Mari Carmen, de 71 años, a llevarle dinero. Él supuestamente la mató a cuchilladas. «En el momento de los hechos el acusado, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, trastorno mental y del comportamiento y que llevaba 4 meses sin ponerse su tratamiento neuroléptico habitual, sufrió una descompensación psicótica de la esquizofrenia paranoide que padecía por el previo abandono de su medicación, lo cual le provocó la completa anulación de sus facultades intelectivas y volitivas», afirma la Fiscalía en su escrito. Por ello, aunque le acusa de delito de asesinato, pide su libre absolución con imposición de una medida de seguridad consistente de 20 años de internamiento en un centro psiquiátrico.

Una de las acusaciones particulares, la que representa a tres nietos de la fallecida, también solicita el internamiento en un centro de estas características, pero la otra, la que ejercen el viudo, los hijos y los hermanos de Mari Carmen, plantean en su escrito de calificación provisional una petición principal de pena de prisión y, de forma alternativa, el ingreso en un psiquiátrico.

Depurar «responsabilidades»

Raúl Vázquez Carneiro, abogado de esta última parte, explicó que las acusaciones se han opuesto a una conformidad principalmente por el hecho de que quieren que la Funga, entidad dependiente de la Xunta que tiene la curatela del acusado, comparezca en el juicio como responsable civil subsidiaria, a efectos de la indemnización pero sobre todo y principalmente para que «se depuren responsabilidades».

«Entendemos que hay prueba suficiente para conseguir una sentencia condenatoria en contra de la Xunta», avanza. En caso de que esta mañana se hubiese llegado a una conformidad en la cuestión penal, es decir, en relación con el acusado, con respecto a la Funga tendrían que ir a un procedimiento civil, «con el riesgo inherente de una condena en costas», o a la vía contenciosa, «con un tercero por el medio», el acusado, que dificultaría, dijo, obtener un pronunciamiento favorable para sus clientes. Por este motivo continuarán peleando por esta cuestión en la jurisdicción penal.

Sobre la petición de prisión que plantean, «entendemos que hasta que comparezcan los peritos en el juicio y declaren no podemos dar por hecho que [el acusado] en el momento de los hechos estaba incapacitado». «Es cierto que hay informes que dicen que la capacidad volitiva estaba muy mermada, pero vamos a esperar a la práctica de la prueba», indicó.

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