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Dotaciones judiciales

Letrados judiciales y funcionarios reclaman equipos de trabajo para acompañar las nuevas plazas de magistrado en Vigo

Esta demanda se une a la que reitera la petición de más funcionarios para la ejecución civil

Imagen de la Ciudad de la Justicia de Vigo.

Imagen de la Ciudad de la Justicia de Vigo. / Marta G. Brea

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Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

El Ministerio de Justicia ha aprobado el Real Decreto que contempla cuatro nuevos magistrados para Vigo: una plaza para la Sección Sexta de la Audiencia que entrará en funcionamiento el 31 de diciembre y tres más, que se crearán en junio de 2027, para las secciones de Civil, Instrucción y Mercantil del Tribunal de Instancia. Los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios ya se han movilizado para exigir que estos jueces vengan acompañados del resto del personal necesario para tramitar los procedimientos judiciales.

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) advierte de que «aumentar el número de jueces y fiscales, sin incrementar las plantillas de LAJ y de funcionarios de los cuerpos generales, difícilmente permitirá alcanzar los objetivos de agilidad y eficiencia que se persiguen».

De forma similar se pronuncian los sindicatos judiciales. «Sorprende que por parte de la Dirección Xeral de Xustiza se pretenda crear una o dos plazas de funcionarios por cada plaza de jueces o fiscales. Difícilmente más jueces y fiscales bajarán la pendencia de los procedimientos si cada vez hay menos funcionarios para tramitarlos», indica el STAJ.

La CIG dice que si no se crean equipos para los nuevos jueces, la Justicia está «abocada al colapso». Ya solicitó la correspondiente dotación de personal, es decir, «un incremento real y suficiente de las plantillas» de funcionarios y letrados judiciales.

Ejecuciones pendientes y dinero bloqueado

Junto a esta situación, Alternativas na Xustiza vuelve a alertar sobre la falta de personal para la ejecución civil en el nuevo Tribunal de Instancia de Vigo. Hay, avisa, más de 21.800 ejecuciones pendientes o 9,5 millones de euros bloqueados en las cuentas judiciales sin entregar a miles de ciudadanos: exigen un plan de choque que venga acompañado de 12 nuevas plazas de funcionarios.

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