Los desahucios se desploman en Vigo y ya son menos de la mitad que hace una década

Vigo registró su récord de desahucios en 2013. Todavía se notaban los efectos de la severa crisis económica del 2008 y hubo la friolera de 630 desalojos. Nunca más desde entonces se volvió a contabilizar semejante cifra. Cierto que en los años siguientes los lanzamientos siguieron en números elevados, por encima del medio millar y en todo caso de los 400 anuales, pero a partir de 2023 la tendencia empezó a cambiar. La entrada en vigor en aquel ejercicio de la nueva ley de vivienda, con toda una serie de requisitos y garantías, explicó ese primer descenso, pero a esa reforma legal y a las suspensiones por vulnerabilidad se han unido nuevas circunstancias que han contribuido al actual desplome. ¿Cuáles son? Pues hay dos fundamentales: una es la bajada de viviendas destinadas al alquiler tradicional frente a la abundancia de pisos turísticos y la otra, que ha hecho mella en este 2026, ha sido el caos de la implantación de la nueva estructura judicial del Tribunal de Instancia, que paralizó trámites y derivó en un bajón del número de expedientes que se derivan al servicio encargado de ejecutar los desahucios.

El Área de Actos de Comunicación del Tribunal de Instancia de Vigo es la oficina judicial encargada de las notificaciones, los desahucios y los embargos. En lo relativo a los desalojos, entre enero y junio de este 2026 registraron 106. Ya en 2025, con 149, y en 2023, con 139, se habían contabilizado pocos en comparación con otros semestres en los que no se lograba bajar de los 200.

El drástico descenso de 2026 también ha afectado a los embargos que practica este equipo: solo 79 frente a los más de 260 de hace cinco años.

Cambio judicial

El letrado judicial al frente de este servicio, Fernando Varela, arranca explicando que el nuevo Tribunal de Instancia que entró en vigor en enero, como un cambio radical de estructura y organización que afectó a todas las jurisdicciones y supuso el movimiento de numerosos funcionarios, es uno de los principales motivos de la caída de lanzamientos y embargos.

«Los expedientes no nos han llegado con la fluidez de trimestres anteriores. Posiblemente estemos pagando las consecuencias del cambio de modelo», valora, agregando que lo lógico es que la situación se vaya normalizando una vez esté asentada la novedosa estructura judicial.

No es la única explicación. Hay que echar la vista atrás, a 2023, año en el que también influyó la huelga de letrados judiciales, para encontrar otra de las claves que ayuda a entender la disminución de los lanzamientos. En mayo de ese año entró en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda, una normativa que introdujo grandes cambios en la tramitación judicial de las demandas de propietarios contra inquilinos morosos, algunos de ellos relacionados con la acreditación de la situación de vulnerabilidad económica de quienes residen en las viviendas que se quieren desalojar.

Y otra cuestión que sin duda ha afectado es el hecho de que cada vez hay menos viviendas dedicadas al alquiler tradicional por el boom de los pisos vacacionales. La mayoría de los desahucios en Vigo son contra inquilinos que no pagan la renta mensual, ya que descendieron mucho los derivados de las ejecuciones hipotecarias, y la realidad es que por el momento, confirma Fernando Varela, no se ha registrado ningún desalojo en viviendas turísticas.

Negocios en crisis

Junto a los de viviendas de alquiler, son relativamente frecuentes los desahucios de negocios que también están en régimen de arrendamiento. Cafeterías, restaurantes, panaderías u oficinas son algunos de los que han movilizado a la comitiva judicial.

«Notamos una cierta situación de crisis. No como en 2009 o 2010, pero vemos que hay negocios que duran muy poco tiempo. Quizá estos lanzamientos respondan a otras causas, como una mala gestión, pero es algo que está ahí», resume Varela.

Esa dificultad económica también la perciben en inquilinos que son desalojados de viviendas. Pero no siempre es así. «Llama la atención que en ocasiones vas a pisos donde las personas que no han pagado el alquiler tienen muchísimos efectos valiosos y signos externos que no te harían imaginar que acabarían siendo desahuciadas», afirma el letrado judicial.

Junto a los desahucios, este servicio se encarga de realizar las notificaciones de las citaciones, requerimientos y resoluciones judiciales que deben ser entregadas personalmente en los domicilios de los destinatarios, en horario de mañana, de tarde y en ocasiones de noche, si no es posible localizar a la persona en otro horario.

Y tienen encomendado también los embargos de cuentas bancarias o de otro tipo, aunque hacen muchos menos que antaño porque esta labor también la ejecutan en los propios órganos judiciales que llevan directamente las causas.