Piden a la Audiencia que impute al jefe de Seguridad y al presidente de la comisión de fiestas en el caso Saltamontes

Una de las acusaciones personadas en el llamado caso Saltamontes ha pedido a la Audiencia de Pontevedra que revoque el archivo acordado para el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M., y para el presidente de la comisión de fiestas de Matamá, Cristian G.M., y que ordene continuar las actuaciones contra ambos por supuestos delitos de homicidio imprudente y lesiones.

El recurso de apelación ha sido presentado por la representación de la pareja del hombre fallecido en el accidente, ocurrido en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos de la atracción se desprendió. Como consecuencia de ese fallo, Iván C.H., de 36 años, sufrió lesiones que acabaron provocándole la muerte.

La nueva ofensiva judicial llega después del auto dictado el pasado 12 de junio por la sección de Instrucción de Vigo, que rechazó los recursos presentados tanto por esta acusación como por la concejala de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez. En esa resolución, el juez ratificó la imputación de la edil y del dueño de la atracción, Gerardo Manuel M.D.S., y confirmó el sobreseimiento respecto al jefe municipal de Seguridad y al presidente de la comisión de fiestas al entender que no mantenían una posición de garantes y que no se les podía atribuir la responsabilidad de precintar la instalación.

La acusación discrepa de ese criterio y sostiene ahora ante la Audiencia que existen «indicios razonables suficientes» para imputar a ambos por su «intervención, conocimiento del riesgo y capacidad de actuación». Según recoge el recurso, «ambos tenían capacidad real para activar medidas materiales, organizativas, policiales o administrativas que impidieran la continuidad del funcionamiento de la atracción».

En el caso del alto funcionario municipal, la parte recurrente subraya que tenía funciones técnicas, informativas, asesoras y de «advertencia cualificada», y añade que «se le presumen más conocimientos que a la propia concejala a la que tiene que asesorar».

Respecto al presidente de la comisión de fiestas, la acusación recuerda que era el organizador del evento y director del Plan de Autoprotección, y sostiene que sabía que el Saltamontes estaba funcionando pese a carecer de autorización municipal. A su juicio, podía haber activado ese plan, avisado de forma urgente a la Policía Local, comunicar el incumplimiento al Ayuntamiento o incluso impedir el acceso de usuarios a la atracción.

Además de reclamar la imputación de estas dos personas, la acusación solicita que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Vigo y de la asociación organizadora de la fiesta.

En este momento, el procedimiento sigue abierto contra la concejala de Seguridad y el propietario de la atracción, y ambas acusaciones particulares ya han presentado sus escritos de cara a la apertura de juicio oral, que todavía no se ha producido. Para cada uno de los dos investigados solicitan cuatro años y medio de prisión.